La Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) invalidó la primera parte del Plan B a causa de violaciones graves al proceso legislativo, por lo cual el Ministro Alberto Pérez Dayán, informó que no había justificaciones suficientes para modificar las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas.
Ante esta decisión se espera que durante las elecciones de 2024, los gobiernos municipales y estatales hagan uso de dinero sin restricciones durante la realización de sus campañas publicitarias y propagandas bajo la postura de que los servidores públicos podrán expresar sus opiniones políticas durante la veda.
Finalmente, existen argumentos que refieren que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) llevó a cabo la recaudación de impedimentos para que el ministro fuera inhabilitado de participar en la discusión y votación del caso, todo bajo el argumento de que éste había incurrido en faltas administrativas.