Xalapa, Ver.- Durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, el diputado Miguel Hermida Copado cuestionó a la funcionaria sobre la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la derogación de delitos de ultrajes a la autoridad y el número de personas que están procesadas por esta injusta Ley que claramente viola los derechos humanos, y el legislador no obtuvo respuesta.

En cambio en su discurso ante el Congreso del Estado, dijo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene clara su misión y responsabilidad de garantizar el estado de derecho mediante la investigación y persecución de los delitos del orden común, observando la estricta aplicación de la ley y de los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y absoluto respeto de los derechos humanos.

Hernández Giadáns, en su comparecencia evito hasta en dos ocasiones responder al planteamiento del diputado, y se concentro a exponer que en el periodo 2021, el organismo inició más de 96 mil carpetas de investigación y determinó casi 80 mil, lo cual representa un incremento de 15 por ciento respecto del mismo periodo en el año 2020.

En su intervención En cuanto a la productividad del sistema de justicia penal, precisó la funcionaria, más de seis mil 500 detenidos fueron puestos a disposición, un incremento de 64 por ciento respecto al año anterior; más de dos mil 200 fueron llevados a control, 47 por ciento; más de dos mil 700 fueron vinculados a proceso, 80 por ciento más, y se superó las 270 sentencias condenatorias, 13 por ciento más; con sentencias de hasta de 60 años por desaparición forzada, de 40 a 94 años por feminicidio y de hasta 120 años por secuestro.

Destacó también la disminución lograda en la incidencia delictiva en el estado: en homicidio doloso, 14 por ciento; secuestro, 57 por ciento; feminicidio, 9 por ciento; robo de vehículo, 10 por ciento; robo a transeúntes, 22 por ciento, y robo de ganado, 5 por ciento.

De acuerdo con su titular, en 2021, la FGE inició 149 carpetas con motivo de muertes violentas de mujeres y acreditó en 69 casos el delito de feminicidio, dentro de las cuales se logró la judicialización de 55 y la detención de 58 probables feminicidas, y se logró obtener 12 sentencias condenatorias con penas de entre 40 y 94 años de prisión.

Señaló también la efectividad de casi 80 por ciento de la Alerta Amber Veracruz, resultado de la localización en 211 casos, de 266 cédulas activadas, así como la puesta en marcha de un registro digital para la identificación de datos sobre las circunstancias en la comisión del delito de trata de personas y mejorar así los procesos de investigación.

Correspondió a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, integrada por el diputado Genaro Ibáñez Martínez y las diputadas Rosalinda Galindo Silva y Ruth Callejas Roldán, presidente, secretaria y vocal respectivamente, conducir los trabajos celebrados en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, a donde acudieron integrantes de la LXVI Legislatura; la presidenta del Poder Judicial del estado, magistrada Isabel Inés Romero Cruz; autoridades estatales y municipales, así como representantes de organismos autónomos, de las fuerzas armadas y de la sociedad civil.

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