*El Ejército, tiene la responsabilidad de defendernos ante amenazas externas
Xalapa, Ver.- Para la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, la pretensión presidencial de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, representa una violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos de México, que incrementaría el riesgo de militarizar el país y afectar la vida democrática, pues daría paso a un régimen autoritario, de imposiciones, de un solo hombre y una sola voluntad por encima de los derechos de los mexicanos.
Sergio Cadena Martínez, afirmó que “nos pronunciamos en contra, debido a que con la incorporación por decreto presidencial del la Guardia Nacional al Ejército, estaría desconociendo el mandato supremo de la Constitución Política vigente y la afectación de los derechos y libertades de las y los mexicanos”.
Señaló el dirigente perredista, que el Artículo 21 de la Constitución Política establece claramente que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.
El dirigente del partido del Sol Azteca, expuso que el Presidente tiene la facultad constitucional de decretar los actos de gobierno que sean necesarios, pero no en aquellas acciones que quebranten el mandato de la Constitución Política, y hoy, por hoy, la percepción personal de AMLO ha cambiado y ha recurrido a las fuerzas armadas nacionales del país, para atender múltiples tareas de gobierno civil como la construcción de un aeropuerto, el control de las aduanas y el acompañamiento del combate a la delincuencia.
En un escenario adverso para el país, resultaría muy delicado que el Ejercito mexicano, que tiene importantes tareas como la salvaguardar la soberanía y la atención de la seguridad nacional, ante los fracasos y malos resultados del gobierno federal, el mandatario pronto considere por decreto, otorgar la responsabilizar al ejército de las tareas básicas como la educación pública o la organización de las elecciones.
El Presidente ha decidido una ruta que desconoce la Constitución política y que sin lugar a dudas se impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.