Los ajustes a las políticas públicas en el sector energético, agropecuario, fertilizantes y normatividad, principalmente, generaron una lluvia de cartas de cámaras, embajadas y hasta análisis oficiales del gobierno de Estados Unidos contra México, irritantes que pueden convertirse en paneles de controversia.
El jueves 22 de abril pasado se sumó otro asunto a la lista de desincentivos a la inversión: el aval de la Ley de Hidrocarburos.
Para el socio fundador de RRH Consultores, Ricardo Ramírez, lo increíble es que hasta el día de hoy “desconocemos cuál es la posición oficial del gobierno mexicano sobre cómo cumplen con los tratados internacionales”.
“Lo único que han dicho (en el gobierno) es que está protegido por el T-MEC y no se ve por ninguna parte que el acuerdo lo permita, seguimos esperando saber cuál es la posición del gobierno de México sobre cómo se da cumplimiento a las obligaciones internacionales” que están al mismo nivel que la Constitución.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la reforma a la legislación de hidrocarburos desalienta las inversiones y va contra tratados internacionales que firmó México.
Además de las cartas que enviaron cámaras de comercio, organismos y asociaciones europeas, estadounidenses y canadienses, se sumaron a la lista estudios de legisladores y oficinas de la Casa Blanca.
Entre las organizaciones que manifestaron su desacuerdo están la US Chamber of Commerce y la American Chamber Mexico, que coincidieron en que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es violatoria del T-MEC; la Cámara de Comercio de Canadá en México secundó la queja.
Otra postura crítica fue el análisis del Servicio de Investigaciones Legislativas estadounidense, que en marzo advirtió que las relaciones de Estados Unidos y México pueden entorpecerse por violaciones al T-MEC por cambios en la política energética.