Xalapa Ver.- 05 agosto 2026.- Con 40 votos a favor y 8 en contra, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el desafuero del presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, con lo que quedó abierta la vía para que la Fiscalía General del Estado pueda iniciar el procedimiento penal correspondiente en su contra por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos.
La determinación del Poder Legislativo representa un punto de quiebre en el caso, al retirar al alcalde la protección jurídica que le impedía ser sometido directamente a un procedimiento penal mientras permaneciera en el ejercicio de su cargo.
¿Qué significa perder el fuero?
El desafuero no significa que Bertín Bravo haya sido declarado culpable. Se trata de una decisión que permite que las autoridades ministeriales y judiciales puedan actuar penalmente en su contra sin la protección procesal que tenía por ocupar un cargo público.
En términos prácticos, al perder el fuero deja de existir el obstáculo constitucional que impedía proceder penalmente contra el alcalde mientras ejercía sus funciones. A partir de esta determinación, la Fiscalía podrá avanzar con las investigaciones y, en su caso, solicitar ante un juez las medidas que correspondan conforme al procedimiento penal.
Habrá relevo en la alcaldía
Con la separación de Bertín Bravo de la Presidencia Municipal, el gobierno de Úrsulo Galván quedará en manos del alcalde suplente, Pedro de Jesús Rosado, quien deberá asumir las funciones correspondientes para garantizar la continuidad de la administración municipal.
El caso coloca nuevamente bajo los reflectores la relación entre el ejercicio de un cargo público y la responsabilidad que, conforme a la ley, puede derivarse cuando existen señalamientos de carácter penal.
Ahora será la Fiscalía General del Estado y, en su momento, las autoridades judiciales competentes, quienes determinen el rumbo jurídico del expediente y la eventual responsabilidad que pudiera existir.
Por tratarse de una acusación en proceso, Bertín Bravo mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario.