Parece que el tema del recorte presupuestal a la Universidad Veracruzana ha quedado en el olvido; y que a las autoridades de la máxima casa de estudios de la entidad no les importó demasiado el incumplimiento de la ley que asigna a esta institución el 4 por ciento del recursos total que ejercerá anualmente el Gobierno del Estado.
A mediados de diciembre pasado, el Consejo Universitario General (CUG) de la UV sesionó para dar a conocer los informes de las comisiones permanentes, defensoría de los derechos universitarios, unidad de género y coordinación de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
En ese marco, el rector Martín Aguilar habló de los resultados de las negociaciones sobre la asignación del presupuesto a la UV durante 2023. Aportó algunas cifras pero en términos generales reveló que la institución tendría que aceptar los recortes planteados por el gobierno estatal, a efecto de no llegar a un desencuentro con la administración veracruzana.
El tema generó la molestia algunos consejeros maestros, prestigiosos académicos como Rafael Vela Martínez y René Mariani, quienes plantearon que la UV tendría que exigir los recursos que le corresponden.
Al final, la voz del rector, con todo el peso que implica, se impuso y los consejeros ahí reunidos, aunque en desacuerdo y a regañadientes, terminaron por aprobar la negociación que la rectoría intentó vender como un logro.
Sin embargo, el planteamiento de que la UV; es decir, la rectoría, logró rescatar algunos recursos significa en realidad que la autoridad universitaria bajó los brazos, y aceptó el recorte.
Los académicos que mostraron sus dudas sobre la reducción al presupuesto plantearon en la sesión del CUG que el gobierno estatal todavía adeuda a la UV 124 millones 630 mil pesos, que correspondían a la institución en el ejercicio 2020. A ese monto se suman 316 millones 80 mil pesos de 2021.
Además, la UV dejó de percibir en 2022 la cantidad de 747 millones 10 mil pesos; en total, entre 2020 y 2022, la deuda del gobierno estatal con la Universidad Veracruzana supera los mil 187 millones 630 mil pesos.
Eso sin contar los 999 millones 950 mil pesos que la Universidad deja de recibir en 2023.
Esta rectoría, al término del presente año, habrá permitido que la deuda con la Universidad se ubique en 2 mil 186 millones 631 mil pesos; todo, por evitar una confrontación con el gobierno estatal.
En aras de mantener relaciones cordiales, la rectoría permitió cada vez un mayor recorte presupuestal; y de paso, puso en riesgo la ampliación de la oferta educativa; el desarrollo científico, tecnológico y humanístico de la Universidad; y la inversión para el mantenimiento de las instalaciones y para la renovación del equipo informático.
Todo el esfuerzo que realizó por años la comunidad universitaria para que se reconociera la autonomía y se garantizaran los recursos financieros suficientes, hasta llegar al 4 por ciento del presupuesto general del Estado, terminaron con una actitud sumisa de la actual rectoría ante el gobierno estatal.
En el tema del presupuesto, evidentemente la estrategia de la Rectoría era lograr el respaldo del CUG para aceptar 250 millones de pesos, de los 999 millones 950 mil pesos que le negaba el Gobierno del Estado.
El punto es que hasta hoy no se ha informado cuánto finalmente acepto la Rectoría; se ignora si se pactó ese recurso en una sola exhibición o, como dicen las tiendas, en cómodas parcialidades. Lo cierto es que tanto la ex-rectora Sara Ladrón de Guevara como el actual rector, y los integrantes de la Junta de Gobierno podrían incurrir en un delito, al negociar y aceptar menos dinero que lo estipulado en la ley… probablemente por ello, el rector buscó protegerse al contar con el aval del Consejo Universitario.
@luisromero85