Se cumplen ochos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero. Un crimen de Estado -reconocido así por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador- en el que participaron corporaciones policiacas municipales, elementos y mandos del ejército mexicano, así como miembros de una organización criminal denominada Guerreros Unidos, crimen que sigue sin ser castigado porque no se ha logrado hasta ahora, comisiones de la “verdad” aparte, tener la historia completa de este atroz hecho.
La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los episodios de violación a los derechos humanos más cruentos en la historia reciente de nuestro país y que marcaría el sexenio de Enrique Peña Nieto: 43 jóvenes estudiantes fueron perseguidos, tiroteados y luego asesinados brutalmente por miembros del crimen organizado y sus cuerpos desaparecidos. De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro un total de más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas lo fueron de manera indirecta, considerando a los familiares de los agraviados.
La llamada “verdad histórica”, la supuesta conclusión definitiva de las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de la República, y que fue presentada por el procurador Jesús Murillo Karam en enero del 2015, aseguraba que no existía prueba alguna que involucrara al Ejército o a otro cuerpo de seguridad federal de participar en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Pasaron los años, llegó el gobierno de López Obrador, y como era lógico se ofreció a los familiares de las víctimas que se haría justicia, que se daría con el paradero de los normalistas y se desentrañaría este caso, que era ya, obviamente, una bandera de la izquierda para movilizarse cada 26 de septiembre y acusar -con toda razón- al gobierno de Peña Nieto.
Y llegó el año 2022, y en la víspera del cuarto informe de gobierno del mandatario mexicano se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada en esta administración, en la que se concluye que la “verdad histórica” difundida y defendida en el gobierno peñanietista, fue un montaje para proteger a autoridades locales y mandos militares implicados.
Por ello hoy Jesús Murillo Karam está en la cárcel sometido a proceso, lo mismo que el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27º Batallón con sede en Iguala, el Capitán José Martínez Crespo, el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.
Las responsabilidades de elementos militares, de acuerdo al informe presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, son claras:las instalaciones del 27º Batallón de Iguala sirvieron para ocultar los restos de los normalistas, y aún más, para tener retenidos a seis estudiantes que habrían de ser ejecutados cuatro días después de los hechos sangrientos por órdenes del general encargado de ese centro militar.
Y nos enteramos también de acuerdo a esas conclusiones -y a las filtraciones del informe en su versión no censurada que se conoció el pasado fin de semana gracias al trabajo periodístico de Peniley Ramírez, columnista de Reforma- que los normalistas no fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula, como se aseveraba en la versión de Murillo Karam, sino descuartizados y sus restos repartidos entre grupos de Guerreros Unidos para desaparecerlos y que las instalaciones militares en Iguala fueron centro de operaciones en la tarea de borrar las huellas del crimen de los normalistas.
No obstante, estos avances que hacían albergar la esperanza de que se castigaría a los responsables y que ahora sí se estaba actuando con apego a la justicia, nos enteramos que la Fiscalía General de la República solicitó la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto. El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto.
De acuerdo al semanario Proceso esta extraña maniobra fue realizada por funcionarios de la Fiscalía ajenos al proceso judicial. Entre los exonerados estaría quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, entre otros.
Y para alimentar la desesperanza y la desconfianza, este lunes 26, día del octavo aniversario de este proditorio crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no se actuará para reponer las 21 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República pidió a un juez cancelar.
No obstante, dijo que se va a continuar con la investigación del caso, garantizando justicia, rompiendo el pacto de silencio y de impunidad con los responsables.
¿Seguro? ¿Protegiendo a presuntos implicados pertenecientes al Ejército y cediendo a las presiones de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Perdonando a militares y a ex funcionarios del gobierno de Guerrero, entonces gobernado por el priista Ángel Aguirre?
Durante los años transcurridos desde el crimen de los normalistas de Ayotzinapa ha quedado acreditado entre la sociedad mexicana que en este hecho execrable participaron coludidos mandos militares, autoridades federales, estatales y locales para tapar las complicidades de todos ellos con el crimen organizado. Esa es nuestra triste realidad.
Por ello, de la “verdad histórica” de Peña Nieto a las investigaciones del gobierno de López Obrador el hilo conductor al final es el mismo: encubrir a los responsables.
A ocho años lo único que queda es el dolor e impotencia de las familias de las víctimas y la convicción de que gobierne quien gobierne no hay nada nuevo bajo el sol.