Por David Marín Cruz
El pasado viernes, la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, denunció en un medio de comunicación nacional la existencia de una narcopolítica en el estado de Veracruz, llegando incluso a temer por su integridad y la de su familia. Este hecho generó respuestas por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que, en caso de que la edil no sea capaz de responder de manera adecuada a su cargo, debería dejarlo. Ante esto, Rodríguez replicó que no dejará de servir a su municipio a través de campañas de atención a jóvenes y personas que requieran apoyo, considerando la ausencia de una Policía Municipal.
Como parte de sus respuestas, la dirigente expuso que está abierta al diálogo con García Jiménez para discutir los temas que le generan preocupación y buscar estrategias que salvaguarden a la población.
A raíz de esto último, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que existe la necesidad de que las autoridades de Seguridad Pública se pronuncien, reconociendo la importancia de acercarse al Congreso del Estado para recabar las evidencias necesarias y dar inicio a un plan de acción ante el peligro que representan los grupos criminales.
De igual forma, invitó a la alcaldesa de Lerdo de Tejada, junto con la de Acayucan, a no solo acercarse a los medios de comunicación para externar sus inquietudes, ya que estos no son los encargados de brindar soluciones o asesoramiento pertinente con base en hechos.
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