El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la LXVI Legislatura del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, lo había adelantado hace unas semanas: estaba tomada la decisión de extinguir el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) y crear en su lugar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, bajo el argumento de que esa institución no combate la corrupción y tiene procesos larguísimos para dictar resoluciones en detrimento de las demandas de justicia pronta y expedita que tienen los ciudadanos. Y ya el pleno de la LXVI Legislatura del Congreso de Veracruz cumplió la consigna en su sesión extraordinaria de este lunes 24 de octubre.
Aunque en los hechos la iniciativa aprobada no propone ningún cambio de fondo, más que el relevo de los actuales integrantes del TEJAV, que fueron nombrados por un periodo de siete años y cuyo periodo concluía en 2024, y a quienes se les liquidará con tres meses de sueldo, según el transitorio del decreto aprobado, fueron designados en tiempos del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Esa es la razón de fondo: poner magistrados aliados de la 4T Jarocha y, desde luego, acomodar recomendados.
Y aunque el desempeño del TEJAV ha dejado que desear, sobre todo la gestión de su actual presidente, Roberto Pérez Gutiérrez, denunciado por enriquecimiento ilícito, de usar esa instancia como agencia de colocaciones y para darse una vida de lujos, cometiendo abusos laborales y realizando despidos injustificados que han sido denunciados incluso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos; no debe perderse de vista que si en verdad se desea combatir la corrupción, el gobierno de Cuitláhuac García y el pastor de los diputados morenistas Gómez Cazarín deben voltear a ver al Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz, esquema de coordinación del que forma parte el TEJAV, y que se ha convertido en el monumento a la simulación en Veracruz y que opera al margen de la ley.
El Sistema Nacional Anticorrupción, recordemos, nace tras una reforma constitucional federal en el año 2015, como un mecanismo de coordinación entre instituciones para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema, que debe ser presidido por un ciudadano, debe funcionar en todos los estados del país para responder a la exigencia social de la transparencia de la administración pública y el combate a la corrupción y la impunidad. En 2017 en Veracruz se expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que crea el sistema local. Este sistema para su funcionamiento cuenta con un Comité Coordinador, su órgano rector, y debe integrarse de manera especial por un Comité de Participación Ciudadana, representación de la sociedad civil.
Pese a que en los últimos cuatro años, en el gobierno de Morena y en los gobiernos municipales, se han presentado denuncias de presunta corrupción en compras gubernamentales, casos de nepotismo, tráfico de influencias, abusos de poder, uso de recursos públicos para proyectos político partidistas, presuntos negocios en el Poder Judicial, entre una larga lista, que revela que nada ha cambiado desde el 2018, el Sistema Anticorrupción de Veracruz brilla por su ausencia y es notable su silencio.
Lo que hace patente que en nuestro país y particularmente en Veracruz a la corrupción solo se combaten en las mañaneras del presidente, en el discurso y en las declaraciones a la prensa. Porque el ninguneo que ha sufrido el Sistema Anticorrupción es sintomático. Ahora en el solar jarocho eliminaron el Tribunal de Justicia Administrativa y le cambian el nombre solo para tener magistrados a modo, así como desaparecieron arbitrariamente en el Sistema de Veracruz al Comité de Participación Ciudadana, a instancias de la secretaria técnica de ese organismo en Veracruz, la ex diputada Adriana Linares Capitanachi, a quien el Congreso local otorgó una dispensa para asumir ese cargo, pues estaba impedida legalmente.
Con esta decisión de eliminar a la incómoda representación ciudadana no hay quien presida esa institución, en contravención a lo dispuesto en la Constitución local y en la General de la República. Es la pura simulación, pues todos los actos que realice son nulos de pleno derecho. Y a ello se han prestado al acudir a las “sesiones” de trabajo lo mismo la Contralora General del Estado que la titular del ORFIS, o la del IVAI, o la Fiscal Anticorrupción, o el propio presidente del TEJAV, al que ahora despidieron de mala manera. Pero eso sí, se ejercen alegremente más de 18 millones de pesos que recibieron de presupuesto para este 2022. Es el estilo de estos tiempos de la Cuarta Transformación jarocha.
Ahora las baterías del grupo morenista empoderado van en contra de la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Delia González Cobo, otra de las asistentes a las sesiones “patito” del Sistema Anticorrupción de Veracruz, quien cayó en desgracia luego de la revisión y presentación de la Cuenta Pública 2021 ante los diputados, cuando se revelarían las componendas entre la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura y titulares de despachos contables que “limpiaban” las cuentas de los ayuntamientos tras previo pago que se repartían alegremente; tema en el que se señala además a funcionarios del propio ORFIS que estarían en el ajo. Pero lo que explicaría el verdadero enojo en contra de la auditora superior es que, de acuerdo a fuentes bien informadas, habría ventilado en el altiplano, ante poderosos funcionarios del gabinete de López Obrador que fueron quienes la recomendaron en el cargo, toda esta situación que deja mal parado al gobierno veracruzano.
Aunque el modus operandi de beneficiarse con la “limpieza” de las cuentas de los ayuntamientos y dependencias no es nuevo en la entidad, lo cierto es que cualquier alma cándida pensaría que estos resortes y malas mañas estaban desterradas entre quienes repiten como mantra que “no traicionan, no roban y no mienten” al pueblo veracruzano.
Son los tiempos de la impoluta Cuarta Transformación.