Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que se iniciará una investigación sobre denuncias públicas por presuntos actos de corrupción en delegaciones de Tránsito del Estado, al tiempo que pidió evitar especulaciones en torno al caso de Ixhuatlán del Sureste, donde recientemente fueron detenidas seis personas.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria estatal señaló que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y reiteró que todas las denuncias serán revisadas por las instancias correspondientes, sin importar el origen de los señalamientos, a fin de garantizar la legalidad en las instituciones.
Respecto al caso Ixhuatlán del Sureste, explicó que se trata de una investigación iniciada hace aproximadamente 25 días y que continúa en curso, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad estatal y federal.
Precisó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la detención de dos civiles y cuatro policías municipales como resultado de las primeras diligencias, aunque subrayó que las líneas de investigación permanecen bajo reserva por la naturaleza del proceso penal.
La gobernadora hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad para no entorpecer las investigaciones, señalando que será la autoridad ministerial la encargada de informar avances conforme lo permita el proceso legal.
En cuanto a las denuncias contra delegados de Tránsito en Xalapa y Veracruz-Boca del Río, indicó que los señalamientos serán investigados y reiteró que su gobierno no protegerá a ningún servidor público que incurra en irregularidades.
Asimismo, aclaró que el corralón vinculado al diputado local José “Pepín” Ruiz Carmona se encuentra clausurado desde hace meses, y sostuvo que cualquier acusación será revisada para determinar responsabilidades administrativas o penales.
Finalmente, Nahle García afirmó que su administración mantiene el compromiso de fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y garantizar que las instituciones actúen con apego a la legalidad en beneficio de la ciudadanía.