Por Fanny Yépez
Con 406 homicidios dolosos, el estado de Veracruz se ubica en el deshonroso octavo lugar nacional en este delito, reflejo de un problema de inseguridad que continúa sin resolverse y que, además, se convierte en un lastre político para Morena rumbo a las elecciones del próximo año.
La inseguridad y los constantes escándalos de corrupción representan hoy los desafíos más costosos para el partido en el poder. Ambos factores impactan directamente en la percepción ciudadana y, en consecuencia, en su desempeño electoral. Aunque Morena mantiene una base social sólida, distintas mediciones demoscópicas ya evidencian un desgaste en la imagen del movimiento.
La persistencia de altos índices de violencia, así como el control territorial del crimen organizado en municipios clave como Coatzacoalcos y Poza Rica, contradicen el discurso oficial de pacificación. A esto se suman las críticas de la oposición hacia la estrategia de seguridad basada en la Guardia Nacional, la cual consideran insuficiente.
Pese al optimismo de la dirigencia nacional de Morena, que asegura triunfos contundentes en próximas elecciones, en Veracruz el panorama es menos alentador. Al menos en 16 distritos federales, los números no les favorecen, lo que obliga al partido a replantear estrategias.
Entre ellas, destaca una operación política que permitiría que aspirantes inconformes sean postulados por partidos de oposición, con la intención de que, una vez en el cargo, regresen a las filas de la llamada Cuarta Transformación. Una jugada arriesgada que refleja tensiones internas.
Mientras tanto, los casos de corrupción e impunidad siguen minando la credibilidad del partido. Señalamientos por desvío de recursos, presunto “huachicol fiscal” y adjudicaciones directas han debilitado la narrativa anticorrupción que enarboló Morena desde su origen.
La protección política a exgobernadores y funcionarios cuestionados refuerza la percepción de impunidad. A ello se suma el tema de la llamada “narcopolítica”, que ha cobrado relevancia ante sospechas de infiltración del crimen organizado en campañas y gobiernos municipales, afectando gravemente la confianza ciudadana.
Aunque algunos simpatizantes anticipan un “carro completo” para Morena, el descontento social crece. La percepción de deshonestidad, arrogancia, corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado entre algunos de sus militantes podría traducirse en un voto de castigo.
Impacto en los datos y las urnas rumbo a 2027
Los estudios de opinión muestran una caída en la simpatía e intención de voto hacia Morena. El desencanto ciudadano comienza a reflejarse en indicadores negativos que podrían anticipar un escenario electoral complicado.
Ejemplo de ello son derrotas recientes en entidades como Coahuila, donde el rechazo a prácticas de gobierno cuestionadas derivó en resultados adversos. Un escenario que podría replicarse en Veracruz si no se corrige el rumbo.
En paralelo, el partido enfrenta tensiones internas. El próximo 22 de junio se abrirá el registro para quienes aspiren a las 17 coordinaciones estatales de defensa de la transformación, posiciones clave de cara a las gubernaturas en disputa en 2027.
Este proceso ha generado incertidumbre entre los aspirantes, debido a la falta de reglas claras, como la obligación de separarse del cargo o un calendario definido para las encuestas internas. Hasta ahora, solo se han establecido lineamientos generales, como la prohibición del uso de recursos públicos y la restricción de propaganda excesiva.
Sindicatos presionan por diálogo con Rocío Nahle
Por otra parte, más de 70 organizaciones sindicales han solicitado formalmente una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García para abordar la problemática del Sueldo Regulador del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (STSPEV), informó que la solicitud fue presentada el pasado 9 de junio y recibida oficialmente el día 15.
Los sindicatos plantean que en la reunión participen también el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, y el director del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, con el fin de instalar una mesa de trabajo que atienda integralmente sus demandas.
El objetivo, señalaron, es fortalecer el diálogo institucional y encontrar soluciones en torno a la aplicación de la Ley 287 del IPE, específicamente en lo relativo al cálculo del Sueldo Regulador, tema que impacta directamente a trabajadores activos y pensionados.
Los líderes sindicales subrayaron que esta petición no es nueva, pues ha sido planteada en diversas ocasiones sin obtener respuesta concreta, lo que ha incrementado la inconformidad en el sector.
Así, mientras Morena enfrenta un desgaste político por la inseguridad y la corrupción, en Veracruz también crece la presión social por demandas laborales no resueltas, configurando un escenario complejo rumbo a los próximos procesos electorales.