18 de marzo de 2026. CDMX.- En una sesión de alto impacto para las finanzas nacionales, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la constitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos ordenada en 2020. Con esta decisión, el máximo tribunal del país pone fin a las impugnaciones contra la eliminación de fondos que concentraban una bolsa superior a los 106 mil millones de pesos, recursos que en su momento fueron destinados a diversas áreas del gasto público bajo la bandera de la austeridad republicana.
El análisis de los ministros concluyó que estos fondos no constituyen derechos adquiridos por parte de los beneficiarios, sino que deben entenderse como simples mecanismos administrativos para la dispersión de recursos. Por lo tanto, su desaparición no viola el proceso legislativo ni las facultades del Congreso. El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, fue enfático al señalar que la extinción del vehículo financiero no anula la obligación del Estado de garantizar derechos, sino que simplemente modifica la herramienta para ejecutarlos, citando además la emergencia sanitaria de la pandemia como una razón válida para reorientar dicho capital.
Por su parte, el ministro Aristides Rodríguez reforzó esta postura al asegurar que la desaparición de estas figuras no elimina las obligaciones estatales en áreas como la ciencia, el deporte o la cultura. La resolución establece que el Estado puede sustituir estos fondos por mecanismos presupuestarios directos u otras vías de financiamiento contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que se mantenga la transparencia en su asignación.
Este fallo representa una victoria jurídica para el modelo de administración de recursos impulsado desde el Poder Ejecutivo, pues confirma que el gobierno federal tiene la facultad de rediseñar el gasto público para atender prioridades nacionales. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil y la academia han expresado su preocupación, argumentando que la falta de fideicomisos específicos podría restar certidumbre a proyectos de largo plazo que anteriormente contaban con recursos etiquetados y blindados contra ciclos políticos.
Con la validación de la Suprema Corte, los 106 mil millones de pesos quedan legalmente liberados de sus etiquetas originales, permitiendo que el Estado mantenga el control centralizado de los recursos. Este precedente jurídico será fundamental para futuras discusiones sobre la gestión de fondos públicos y la autonomía financiera de organismos que dependían de estas estructuras para su operación cotidiana.