Por Redacción
17 de noviembre 2026, Veracruz.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rosalba Hernández Hernández, aseguró que no se niega a ser evaluada, sino que presentó un recurso legal contra las bases del proceso de evaluación, al considerar que los criterios establecidos no corresponden a las funciones que actualmente desempeña como titular del Poder Judicial de Veracruz.
Explicó que la evaluación contempla diversos aspectos y no solamente la aplicación de un examen de conocimientos, como comúnmente se piensa. Sin embargo, señaló que, debido a su cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, se encuentra suspendida de las funciones jurisdiccionales por disposición constitucional.
“Al ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia estoy suspendida de funciones jurisdiccionales por disposición constitucional y la encuesta está enfocada justamente para evaluar la función. Sería un contrasentido”, explicó.
Hernández Hernández invitó a revisar las preguntas que integran el instrumento de evaluación, el cual, dijo, está disponible mediante un código QR para que cualquier persona pueda consultarlo y participar, particularmente quienes hayan recibido atención por parte de las instancias judiciales.
No obstante, rechazó que su postura represente una negativa a someterse a evaluaciones, pues afirmó que a lo largo de su trayectoria profesional ha participado en distintos procesos de selección y exámenes de oposición.
Recordó que para ingresar a la Universidad Veracruzana como profesora tuvo que presentar un concurso de oposición y que también se sometió a evaluaciones cuando participó en procesos para ocupar otros cargos dentro del ámbito judicial, incluidos exámenes de conocimientos y de especialidad.
“Yo siempre he realizado exámenes de oposición. Todas las personas que venimos de la cultura del esfuerzo sabemos que nadie nos abre la puerta para entrar”, expresó.
La magistrada consideró que los procesos de evaluación tienen una finalidad legítima, que es contribuir al mejoramiento de la función judicial y detectar áreas de oportunidad. Agregó que, en caso de que una persona no resulte idónea, la intención debe ser que reciba capacitación para fortalecer su desempeño.
Sobre el organismo responsable de elaborar y aplicar las evaluaciones, indicó que existe un órgano técnico y autónomo encargado de esa tarea, aunque dijo desconocer con precisión si es el responsable de establecer los criterios y las preguntas del instrumento.
Por otra parte, al ser cuestionada sobre los espacios que estarán pendientes de renovarse en la elección judicial de 2028, explicó que en el proceso anterior solamente se eligió a la mitad de los integrantes del Poder Judicial.
Detalló que fueron 15 magistradas y magistrados los que participaron en aquella renovación, por lo que quedará pendiente la otra mitad. La misma situación ocurrió con los jueces y juezas, de los cuales fueron electos alrededor de 78.
De esta manera, indicó que todavía habrá una renovación pendiente de cargos judiciales en el siguiente proceso electoral de 2028.
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