17 de marzo de 2026. Colombia.- La controversia estalló luego de que el mandatario colombiano utilizara sus redes sociales para señalar que la explicación ofrecida por el gobierno de Ecuador sobre los ataques en la zona limítrofe “no es creíble”. Según Gustavo Petro, se han localizado 27 cuerpos calcinados y restos de artefactos explosivos lanzados desde el aire cerca de viviendas de familias campesinas en la zona rural de Jardines de Sucumbíos. El presidente colombiano subrayó que su ejército no ha realizado dichas maniobras y que los grupos armados ilegales no poseen capacidad aérea, apuntando directamente a la fuerza pública ecuatoriana.
Desde Quito, el presidente Daniel Noboa respondió de manera tajante, calificando las declaraciones de Petro como falsas. Noboa aseguró que las operaciones militares y los bombardeos contra el crimen organizado y la minería ilegal se desarrollan exclusivamente dentro de la soberanía de Ecuador. El mandatario ecuatoriano defendió estas acciones señalando que cuentan con el respaldo de la cooperación internacional, específicamente de Estados Unidos, y que el objetivo son bandas criminales que, en muchos casos, tienen origen en Colombia.
La difusión de imágenes en medios colombianos de un proyectil de gran tamaño hallado entre la vegetación fronteriza ha alimentado la sospecha de incursiones aéreas. Mientras Petro sostiene que estas bombas caen sobre comunidades que han decidido sustituir cultivos de hoja de coca por actividades legales, Noboa insiste en que su ofensiva es una respuesta necesaria ante la violencia transnacional que afecta la seguridad de su país.
Este choque verbal es el punto más álgido de una relación que se ha fracturado desde enero de 2026, cuando inició una guerra comercial. Ecuador impuso una “tasa de seguridad” que alcanza hasta el 50 % a productos colombianos, a lo que Bogotá respondió con aranceles y la suspensión del suministro de energía eléctrica. Por su parte, el gobierno ecuatoriano aumentó los costos por el uso de sus oleoductos para el transporte de crudo colombiano, afectando la economía de ambos países.
La situación en la frontera común se mantiene en alerta máxima mientras las cancillerías de ambos países intentan, sin éxito aparente, rebajar el tono de la discusión. La presencia de 27 víctimas mortales mencionada por Petro añade una dimensión humanitaria al conflicto que podría requerir la intervención de organismos internacionales como la OEA o la ONU para realizar un peritaje independiente sobre el lugar de los estallidos y la nacionalidad de los fallecidos.