Cd. de México.- Con 106 votos a favor el Senado de la República corrigió la determinación de la Cámara de Diputados y eliminó la disposición que obligaba a los congresos locales a someterse a las declaraciones de desafuero que emitiría el Congreso de la Unión y con ello se resolvió el entramado de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
En este sentido, de haberse aprobado en los anteriores términos había el peligro que el procedimiento fuera usado con fines políticos, apartándose de su objetivo constitucional.
En el caso del enjuiciamiento al Presidente de la República por responsabilidad penal, quedaba la posibilidad se provocar una crisis política, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro país, y en los términos del dictamen original su destino final hubiese sido la impugnación ante la Suprema Corte.
Con las modificaciones al dictamen, se logra mantener la protección a los mandatarios estatales al ser sometidos a juicio de desafuero como lo fue el caso de Francisco García Cabeza de Vaca.
En el nuevo decreto, la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.