17 de marzo de 2026. Edo. Mex.- La determinación judicial se dio en estricto cumplimiento a un amparo federal, el cual permitió sustituir la prisión preventiva oficiosa que la mujer cumplía en el Penal de Huitzilzingo. Debido a su avanzada edad y tras la revisión de sus condiciones, el juzgador determinó que Carlota “N” podrá permanecer en su domicilio mientras se desarrolla el juicio por el delito de doble homicidio calificado, ocurrido durante el primer semestre de 2025 en el municipio de Chalco.
Para garantizar que la procesada no evada la acción de la justicia, el tribunal impuso una serie de condiciones estrictas que incluyen el pago de una fianza de 250 mil pesos. Además, Carlota “N” estará obligada a portar un brazalete electrónico de geolocalización las 24 horas del día, tiene estrictamente prohibido salir del país y no podrá acercarse bajo ninguna circunstancia a las víctimas indirectas ni a un menor de edad relacionado con la carpeta de investigación.
Los hechos que originaron este proceso penal tuvieron lugar en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, una violenta disputa por la posesión de un inmueble derivó en un ataque armado donde dos personas perdieron la vida por impactos de bala. Cabe destacar que la mujer no es la única procesada por este caso, ya que sus hijos también permanecen bajo custodia legal y enfrentan cargos por su presunta participación material en el crimen.
La defensa de la mujer de 74 años argumentó que el cambio de medida busca salvaguardar sus derechos humanos dada su condición de adulta mayor, mientras que la parte acusadora vigilará que se cumpla cabalmente con la vigilancia domiciliaria. Mientras tanto, el juicio oral sigue su curso para determinar la responsabilidad definitiva de los involucrados en la tragedia que marcó a la comunidad de la Ex Hacienda de Guadalupe.
Este caso resalta la creciente aplicación de criterios de proporcionalidad en las medidas cautelares dentro del Estado de México, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad por edad, sin que esto signifique la exoneración de los cargos de homicidio que pesan en su contra.