Por Benjamín Pazos Rincón
Xalapa, Ver.- El pasado martes 1º de septiembre se cumplieron 44 años de uno de los informes del Ejecutivo más controvertidos de la historia reciente de México. El presidente José López Portillo decretó dos medidas sin precedentes que redefinieron el rumbo de la economía del país de aquella época: la nacionalización (expropiación) de la banca privada y el establecimiento del control generalizado de cambios. En medio de una profunda crisis de balanza de pagos, una severa inflación y una incesante fuga de capitales, la decisión presidencial tomó por sorpresa tanto a los observadores internacionales como al público en general.
Durante décadas, el régimen político posrevolucionario había convivido en un equilibrio de facto con el sector empresarial privado y la banca nacional, que desempeñaba un papel central en la intermediación del crédito, la captación del ahorro y el financiamiento del sector público. Sin embargo, la resolución adoptada aquel 1º de septiembre (calificada como un “error de política” o un “acto de fuerza institucional” para reafirmar la credibilidad del Estado) rompió el pacto corporativo entre el gobierno y los empresarios, convirtiéndose en una de las expropiaciones de mayor magnitud en la historia financiera internacional reciente.
Figura 1.
De acuerdo con el estudio de Del Ángel y Martinelli (2009), los efectos económicos e institucionales más relevantes de la expropiación bancaria y las crisis asociadas a 1982 incluyen:
- Ruptura del pacto corporativo y desconfianza empresarial: durante décadas, el régimen y la banca mantuvieron un arreglo corporativo de mutuo beneficio (quid pro quo), en el que la banca se mantenía al margen de la política a cambio de protección competitiva y regulación laxa. La estatización dinamitó esa confianza, provocando un severo distanciamiento entre el gobierno y el sector privado, e incrementando la percepción del riesgo sobre los derechos de propiedad en México.
- Contracción del crédito y pérdida de eficiencia en la intermediación: al asumir el Estado la administración directa del sistema bancario, la asignación del crédito se volvió ineficiente. Los análisis económicos muestran que la estatización del crédito contrajo el financiamiento destinado al sector privado, priorizando las necesidades fiscales del sector público sobre los proyectos productivos de mayor rentabilidad.
- Incapacidad para detener la fuga de capitales: la expropiación y el control de cambios se justificaron bajo la narrativa gubernamental de detener la “especulación” y la salida de divisas atribuida a la banca. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría económica, la fuga de capitales no derivaba de una “conspiración bancaria”, sino de las expectativas de los agentes frente a políticas macroeconómicas insostenibles (ataques especulativos bajo tipo de cambio fijo). Por lo tanto, la expropiación no logró resolver las causas de fondo del colapso cambiario.
- Rigidez legal y distorsión estructural de largo plazo: para blindar la estatización, el gobierno modificó el artículo 28 constitucional para clasificar la actividad bancaria como un “servicio público” reservado exclusivamente al Estado. Esto generó un costo político e institucional muy elevado que dificultó su pronta reversión, posponiendo la modernización del sistema financiero mexicano hasta su posterior reprivatización en los años noventa.
El Populismo Nacionalista: la década de 1970.
Hacia finales de la década de los sesenta, la “fórmula mágica” que había sostenido la estabilidad política de México (ideología revolucionaria, corporativismo y clientelismo) comenzó a mostrar serias fracturas. El hito definitorio de esta ruptura fue el movimiento estudiantil de 1968 y la Masacre de Tlatelolco, que puso en evidencia el autoritarismo del régimen y desató una profunda crisis de legitimación. Ante la efervescencia de sindicatos disidentes, movimientos urbanos y la falta de espacios de participación para las clases medias y jóvenes, los gobiernos de los setenta recurrieron a discursos reformistas de “apertura democrática” y a políticas económicas de corte populista para intentar cooptar el descontento y recuperar el control político. Posteriormente, tras décadas de estabilidad bajo el modelo de crecimiento del “Desarrollo Estabilizador”, el populismo experimentó un marcado resurgimiento en respuesta a la crisis de legitimación política:
- El Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976): ante las efervescencias sociales e insatisfacciones urbanas, Echeverría dio un “giro” a la conducción nacional implementando reformas económicas de corte populista y el modelo de “Desarrollo Compartido”. Su estrategia aumentó drásticamente el gasto público, expandió el sector de empresas paraestatales y utilizó una retórica de confrontación con el empresariado.
- El Sexenio de José López Portillo (1976-1982): gobernando en un régimen catalogado como autoritario y “populista”, López Portillo aprovechó la abundancia temporal del auge petrolero para continuar con políticas expansionistas de gasto e intentar “administrar la abundancia”. Su mandato culminó en la nacionalización de la banca en 1982, una medida radical y sorpresiva que numerosos analistas de la época describieron precisamente como el retorno del clásico Estado populista e interventor del pasado.
Bajo el gobierno de José López Portillo, el inesperado descubrimiento de grandes yacimientos de crudo (como Cantarell) desató una euforia nacional que llevó a la famosa noción de “administrar la abundancia”. Al mismo tiempo, el mercado financiero internacional estaba inundado de petrodólares. Los grandes bancos extranjeros competían activamente por ofrecer créditos de corto plazo y con tasas variables a México.
Esta abundancia temporal de recursos y créditos permitió al gobierno financiar una masiva expansión del gasto público y otorgar millonarios subsidios a la sociedad. Esto evitó que el régimen tuviera que realizar reformas fiscales progresivas o aumentar la baja recaudación de impuestos que tradicionalmente pagaban las élites. Al final, sin embargo, la caída internacional de los precios del crudo y la abrupta alza de las tasas de interés externas estrangularon este modelo, precipitando la crisis de 1982.
¿Qué impacto tuvo en el sistema político mexicano?
La expropiación y estatización de la banca tuvo consecuencias profundas y multidimensionales en el sistema político mexicano, acelerando la descomposición del régimen de partido de Estado y reconfigurando de manera radical las bases de apoyo del gobierno. Los principales impactos que se desarrollaron como consecuencias de las políticas económicas fueron los siguientes:
- Ruptura del Pacto Corporativo e Histórico “Estado-Empresarios”.
Durante décadas, la estabilidad política de México se fundamentó en un pacto corporativo implícito y en una colaboración estrecha entre el gobierno y los empresarios, conocida como la “alianza de los banqueros”. Bajo este acuerdo tácito, el gobierno mantenía una baja regulación en los mercados de divisas y un entorno macroeconómico favorable, mientras que las élites financieras y empresariales se abstenían de intervenir de manera directa en la política activa. La expropiación de 1982 rompió de tajo esta regla de “prudente distancia”, provocando una fractura de confianza definitiva entre el empresariado y el Poder Ejecutivo.
- El “Principio del Fin del PRI” y el Crecimiento de la Oposición.
Diversos analistas y testigos de la época consideran que este suceso marcó el principio del fin del monopolio político del PRI. Al verse despojadas de sus activos y perder la confianza en las reglas del Estado, las cúpulas empresariales (particularmente las del norte del país, apodadas los “bárbaros del norte“) abandonaron su histórica pasividad política. Líderes de opinión y empresarios prominentes decidieron que era momento de actuar políticamente y se integraron de forma masiva al Partido Acción Nacional (PAN). Movimientos de protesta civil como “México en la libertad”, encabezados por figuras como Manuel J. Clouthier (quien posteriormente sería candidato presidencial), encontraron en este reclamo una vía para canalizar su descontento, lo que dotó a la oposición de una fuerza electoral y financiera sin precedentes (Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 11 de mayo de 2017).
- El Desgaste y Límites de la “Presidencia Imperial”.
La expropiación fue concebida en la soledad del despacho presidencial como un acto de poder absoluto o “manotazo sobre la mesa” para reafirmar la autoridad del presidente ante la crisis y limpiar su reputación histórica. No obstante, el resultado de mediano plazo fue el opuesto. La medida dejó en evidencia la vulnerabilidad de los derechos de propiedad en México ante las decisiones unilaterales del Ejecutivo. Esto no solo unificó a la oposición empresarial, sino que alimentó el descontento de las clases medias y fortaleció la movilización de diversos movimientos sociales, sindicatos independientes y deudores urbanos que comenzaron a desafiar la legitimidad del régimen autoritario.
- Reconfiguración hacia un “Corporativismo Neoliberal”.
Paradójicamente, la expropiación bancaria preparó el terreno para la llegada del neoliberalismo en México. El presidente entrante, Miguel de la Madrid, utilizó el control estatal de los bancos para reconfigurar las bases de apoyo del régimen. Al devolver los activos no bancarios al sector privado y prohibir a la banca estatal operar en la Bolsa, el gobierno impulsó de forma deliberada a un nuevo grupo financiero de corte especulativo: los “casabolseros”. Esto propició una transición del tradicional corporativismo priísta (basado en sectores obreros, campesinos y populares) hacia un “corporativismo neoliberal”, donde las alianzas políticas del régimen se desplazaron de manera irreversible hacia las grandes corporaciones nacionales e internacionales y las élites financieras.
- Activación de Contrapesos y Pluralidad Legislativa.
A largo plazo, las constantes crisis financieras desatadas por este esquema de colusión y opacidad (que culminarían años después en el rescate bancario del Fobaproa en 1995) socavaron por completo la hegemonía del PRI en las urnas. En las elecciones intermedias de 1997, el partido oficial perdió por primera vez en su historia la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Esto transformó de manera radical el funcionamiento de la Cámara de Diputados, convirtiendo al Poder Legislativo en un verdadero contrapeso político y un foro dinámico de debate e investigación frente al anteriormente incuestionable poder presidencial.
¿Qué es el populismo?
Desde un enfoque instrumental, politólogos como Kurt Weyland (2005) definen el populismo estrictamente como una estrategia política. Bajo esta visión, un líder personalista ejerce el poder o busca obtenerlo mediante el apoyo directo de un número masivo de seguidores heterogéneos y mayoritariamente no organizados (excluidos), estableciendo vínculos directos con ellos y evitando intermediarios institucionales.
En la historia política de México (particularmente en las décadas de los setenta y ochenta), el populismo suele asociarse a regímenes caracterizados por un fuerte intervencionismo estatal y políticas estado-céntricas, como el gobierno de José López Portillo. No obstante, analistas del sector financiero también han calificado de “populistas” a ciertas medidas de rescate financiero (como el fideicomiso FICORCA del gobierno de Miguel de la Madrid) en el largo plazo, debido a que sacrificaron el bienestar presupuestal de las mayorías con la finalidad de subsidiar y salvar de la disciplina del mercado a grandes corporaciones y minorías acaudaladas del país.
Figura 2.
