Cd. de México.- Para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, los resultados de las auditorías presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, de ninguna manera pueden tomarse como acción dolosa en contra de la llamada Cuarta Transformación, ya que una auditoría es un trabajo técnico especializado, donde, si se detectan irregularidades, la responsabilidad no es de la auditoría, sino de quien ejerce los recursos.
Luis Pérez de Acha, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, ha demostrado que es un organismo que realiza su tarea con compromiso, en su haber están las auditorías que permitieron documentar irregularidades en el uso de recursos públicos en los casos de los Fondos de Aportación a la Educación Básica, los fondos de Salud y los de Seguridad Pública, registradas en administraciones anteriores.
“No veamos a quien fiscalizó, sino a quienes usaron los recursos de manera incorrecta o exagerada”, señaló enfático.
Por su parte Sofía Ramírez de Aguilar, investigadora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expuso que de acuerdo a los procedimientos, una vez entregadas las auditorías, lo que puede ocurrir es que se levantan informes ante la Secretaría de la Función Pública, en algunos casos con solicitud de investigación directa.
Para ello plantea que cuando se trate de faltas administrativas graves se envían al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde desafortunadamente no está debidamente integrado pues hay una sala regional que está haciendo las veces de Sala Anticorrupción.
Otro escenario puede darse cuando la Secretaría de la Función Pública determina que no hay suficiente información como para fincar responsabilidades y ahí quedan los temas.
Finalmente si trata de hechos que configuran delitos de corrupción, los tiene que investigar la Fiscalía Anticorrupción, solo que ésta limitada para llevar a cabo las indagatorias.