Por Darío Pale

 

Un grupo de jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestó para exigir la revisión de la propuesta de reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que vulnera sus derechos adquiridos y pone en riesgo el Estado de Derecho.

Durante la movilización, los inconformes —quienes representan a más de 300 jubilados organizados— rechazaron que sus ingresos correspondan a las llamadas “pensiones doradas”, y aseguraron que se trata de percepciones legales obtenidas tras décadas de servicio.

“Lo que estamos exigiendo es una revisión a las pensiones doradas. Nuestras pensiones no son doradas, son legales y fueron obtenidas cumpliendo todos los requisitos establecidos en nuestros contratos colectivos de trabajo, con más de 30 años de servicio”, señalaron.

Los manifestantes subrayaron que sus principales demandas son el respeto al Estado de Derecho, a las garantías jurídicas y a los derechos adquiridos, los cuales —afirman— no deben ser vulnerados por ninguna reforma con carácter retroactivo.

Advirtieron que la iniciativa no solo impactaría a los jubilados actuales, sino también a los trabajadores en activo que eventualmente accederán a una pensión, lo que —dijeron— contraviene el principio de no retroactividad de la ley.

Respecto a las denominadas “pensiones doradas”, indicaron que los casos señalados públicamente fueron errores ya corregidos, por lo que exigieron auditorías formales para esclarecer cualquier irregularidad y evitar generalizaciones.

Los jubilados explicaron que el monto de sus pensiones varía según la trayectoria laboral, nivel salarial y desempeño, con un promedio cercano a los 40 mil pesos mensuales, incluyendo prestaciones. Asimismo, recordaron que ya han sido afectados por la reforma energética, que redujo aproximadamente 35% sus ingresos.

La protesta reunió a extrabajadores de distintas áreas de la CFE, incluyendo generación, transmisión y distribución, así como personal de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Debido a su edad y condiciones de salud, algunos no pudieron asistir, aunque manifestaron su respaldo al movimiento.

Como parte de la jornada, los participantes marcharon hacia Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno, en la capital veracruzana, en una movilización pacífica y sin intención de afectar la circulación vial.

Voceros del movimiento advirtieron que la reforma podría sentar un precedente negativo para otros sectores del servicio público, al considerar que podría replicarse en distintos sistemas de jubilación.

Asimismo, criticaron que la iniciativa contemple topes salariales vinculados al ingreso del Ejecutivo federal, al considerarlo un criterio inestable y potencialmente arbitrario. También señalaron que la propuesta es discriminatoria al no aplicarse de manera uniforme en todos los sectores.

Finalmente, hicieron un llamado a los legisladores a revisar a fondo la iniciativa antes de su eventual aprobación en la Cámara de Diputados, al advertir que podría contravenir la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y principios de derechos humanos.

“Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquier ciudadano. No se puede permitir que se vulneren derechos ya ganados”, concluyeron.

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