13 de marzo del 2026. CDMX.- En su conferencia desde Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática: el objetivo de los recortes presupuestarios en los Congresos locales no es atraer ese dinero a la Tesorería de la Federación, sino sanear las finanzas municipales. Según la mandataria, los “excesos” en las legislaturas estatales frenan el desarrollo de obras básicas como pavimentación y drenaje.

Reducción de privilegios: El ejemplo de los 38 millones

Para justificar la necesidad de un tope presupuestario, Sheinbaum comparó las disparidades entre entidades:

  • Baja California: Cada diputado local representa un costo anual de 38 millones de pesos.

  • Colima: El costo por legislador ronda los 5 millones de pesos.

  • El objetivo: Eliminar estas brechas para que el excedente se redirija a municipios con altos niveles de pobreza, citando el caso de San Quintín.

Cambio de planes: Elección Judicial hacia 2028

Una de las noticias más relevantes fue la posibilidad de posponer la segunda etapa de la elección judicial y la revocación de mandato hasta 2028. La presidenta argumentó dos razones principales:

  1. Complejidad Logística: Realizar estos procesos en 2027, junto con las elecciones intermedias, saturaría a los ciudadanos con un “número elevado de boletas”.

  2. Criterio del INE: El gobierno espera la opinión técnica del Instituto Nacional Electoral para formalizar esta propuesta de aplazamiento.

Fisuras en la coalición y ética política

Sheinbaum reconoció que la aprobación del Plan B no está garantizada, pues incluso dentro de sus aliados (PT y Partido Verde) hay resistencias. Sin embargo, aprovechó para reprochar las campañas de “exhibición” que militantes de Morena iniciaron en estados como Oaxaca contra los legisladores que votaron en contra.

“No está bien, no creo que sea algo correcto. El pueblo de México sabe quién votó a favor y quién en contra sin necesidad de esas prácticas”, expresó la mandataria.

¿Qué busca el Plan B en esta etapa?

  • Reducción del número de regidores en ayuntamientos.

  • Compactación de gastos operativos en el Senado.

  • Eliminación de bonos y privilegios en Congresos estatales.

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