28 de marzo de 2026. Michoacán.- Un juez penal emitió este viernes una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, al ser señalado como el presunto responsable de ordenar la intervención policial del 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Aquel operativo, que pretendía recuperar vehículos de carga retenidos por un conflicto agrario, derivó en un enfrentamiento que la CNDH calificó como una serie de violaciones graves a los derechos humanos.
Alcance de la acción judicial
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la orden de captura no se limita al exmandatario. El mandamiento judicial también incluye a:
Juan Bernardo Corona: Exsecretario de Seguridad Pública durante el suceso.
14 agentes de la Policía Estatal: Quienes participaron directamente en la incursión al poblado purépecha.
De acuerdo con las investigaciones, el operativo resultó en la ejecución extrajudicial de cuatro comuneros, entre ellos un menor de edad, además de dejar un saldo de 38 heridos, 10 detenidos y un policía fallecido. La recomendación 42VG/2020 de la CNDH ya había documentado actos constitutivos de tortura y violaciones al interés superior de la niñez en este caso.
Un historial de cuentas pendientes
Esta no es la primera vez que Aureoles y sus colaboradores cercanos enfrentan a la justicia. Desde 2023, ambos son buscados por un presunto desfalco millonario relacionado con la construcción a sobreprecio de cuarteles policiales. Por este caso de corrupción, ya han sido detenidos exfuncionarios de alto nivel, incluyendo a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
El origen del conflicto: Arantepacua 2017
Los hechos que hoy alcanzan la vía penal ocurrieron cuando la Policía Estatal ingresó a la comunidad para recuperar cerca de cien camiones que los pobladores mantenían como protesta por una disputa de tierras con el pueblo vecino de Capácuaro. Lo que inició como una diligencia de tránsito se transformó en una incursión armada que marcó profundamente a la región indígena del estado.
Con esta nueva orden de aprehensión, la Fiscalía busca cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Michoacán, donde la represión estatal y el uso desproporcionado de la fuerza se encuentran ahora bajo el escrutinio de un juez federal.