Cd. de México.- Es viernes la Secretaría de la Función Pública anunció que a partir del de agosto próximo todos los trabajadores al servicio del estado retornarán a laborar de nueva cuenta a sus oficinas, situación para la cual lo harán en una dinámica diferente impuesta por la pandemia del Sar-Cov-2.
De acuerdo al esquema que el gobierno federal ha diseñado, después de un año de confinamiento y de “oficina en casa”, quienes habrán de regresar para reincorporarse a sus actividades laborales en sus centros de trabajo, serán las personas a las que se les ha aplicado el esquema completo de vacunación contra el Coronavirus.
Según el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece antes de retornar a trabajar a sus oficinas, deberán realizarse la prueba de detección del Coronavirus.
De acuerdo a los lineamientos que se han establecido, serán los responsables de cada una de las dependencia de la Administración Pública Federal de organizar las plantillas de trabajadores esenciales.
Asimismo se enfatiza, que los empleados alternarán días de trabajo presencial con otros a distancia, independientemente de que sin excepción deberán respetar las medidas sanitarias y de sana distancia establecidas por la Secretaría de Salud para evitar repuntes de contagios de Coronavirus.
La disposición, autoriza para que quienes enfrenten alguna discapacidad puedan seguir laborando a distancia, así como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, quienes enfrenten enfermedades crónicas como obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, asma, infección por VIH, enfermedad renal crónica, cáncer en tratamiento, entre otras.
Ante este anuncio del gobierno hecho en el mes de abril para permitir el regreso a las oficinas con un aforo del 20% en medio de la pandemia del COVID-19, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, advirtió que deben estar vacunados.
En ese momento, tras reconocer la importancia de devolverle dinamismo a la economía, también señaló que “Es un condicionante: no podemos aceptar el nuevo riesgo porque la historia nos ha indicado que los trabajadores tienen todo el derecho de ser protegidos”.