Por Maye Pedraza
Mónica Mendoza Madrigal, investigadora del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UV, aseveró que, de nueva cuenta, en el 2023 el Congreso de Veracruz fue totalmente omiso en la legislación de asuntos relacionados con el combate a la violencia hacia las mujeres.
Y es que señaló que pese a que se tenía el conocimiento de las elecciones de este año, nunca aprobaron la reforma constitucional 3 de 3 de combate a la violencia, que regula que personas que son deudoras de pensión alimenticia, agresores de mujeres o violentadores sexuales no puedan ser candidatos a ningún cargo de elección popular y que no puedan tener un cargo público, a fin de que desde el poder no se reproduzca la violencia.
“En el estado de Veracruz no se aprobó, pero no importa porque está en la Constitución y es de aplicación federal y es aplicable para todos los procesos. Por lo que no por no haberse legislado se exceptúa del cumplimiento y los partidos tienen que cumplir con la 3 de 3 de combate a la violencia”.
Lamentó que en Veracruz tampoco se haya echado a andar el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia, una tarea pendiente del Poder Judicial del estado en coordinación con el DIF estatal, que sería un instrumento importante para poder operar y saber a quiénes se va limitar de la participación política.
“Todavía tienen tiempo para llevarlo a cabo y la realidad es que seguramente lo implementarán, pero ya faltará muy poco para la elección y no dará el margen suficiente para que aplique en el proceso electoral 2023-2024 y queden limitados de ser candidatos estos sujetos, pero para el 2025 sí aplicaría”.
Es por ello que apeló al sentido ético de responsabilidad pública y de congruencia de los partidos políticos para no validar con sus siglas que violentadores accedan a cargos de representación pública.