21 de marzo de 2026. Coahila.- En una sesión histórica, el Congreso de Coahuila aprobó una reforma al Código Penal que tipifica y sanciona severamente la sustracción o robo de animales de compañía. Bajo esta nueva normativa, cualquier persona que retenga o se lleve a un animal sin la autorización de su dueño legal podrá enfrentar penas de 2 a 4 años de cárcel, además de multas que oscilan entre los 100 y 500 días de salario. Esta medida responde a una creciente demanda social para proteger a los animales, ahora reconocidos jurídicamente como “seres sintientes”.
La legislación establece agravantes que podrían aumentar la sanción hasta en un 50% en casos específicos. Estos incluyen situaciones donde el responsable obtenga un beneficio económico (extorsión), si el animal es utilizado en peleas clandestinas o explotación en criaderos, y con especial énfasis si se trata de un animal de servicio o asistencia, debido al impacto vital que estos tienen para sus propietarios con discapacidad.
Incertidumbre y dolor: El trasfondo de la ley
Los legisladores coahuilenses argumentaron que detrás del robo de mascotas suele existir una red de criminalidad que incluye la reventa y la extorsión mediante el pago de rescate. Al igual que en los estados de Puebla y Nuevo León, pioneros en esta materia, se reconoció que la pérdida de un animal provoca un profundo sufrimiento y un estado de incertidumbre comparable al de un miembro de la familia, rompiendo el tejido emocional de los hogares.
Este avance en la justicia en México ocurre en un fin de semana donde el clima en Xalapa invita a pasear con las mascotas por los parques de la capital, recordando la importancia de contar con marcos legales que garanticen su seguridad. La reforma también busca desincentivar el abandono disfrazado de sustracción y fortalecer la cultura de la denuncia ante las fiscalías estatales, marcando un hito en la ética pública hacia los seres no humanos.
Con esta aprobación, Coahuila se consolida como un referente en bienestar animal, enviando un mensaje claro: las mascotas no son objetos de propiedad simple, sino seres con derechos protegidos por el Estado.