CDMX.- Las investigaciones por la participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua derivaron en órdenes de aprehensión contra el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía estatal cuentan con mandamientos judiciales en su contra, aunque evitó revelar los delitos que sustentan la orden federal y señaló que corresponde a las autoridades ministeriales ofrecer mayores detalles.
En el ámbito estatal, la orden fue emitida el 16 de octubre de 2026 por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026, por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada. En el mismo procedimiento está señalado el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. No obstante, Zuany Portillo promovió un amparo indirecto a finales de octubre, cuya suspensión impide, por ahora, ejecutar la orden estatal en los términos establecidos por la resolución judicial.
El caso se originó por un despliegue realizado del 17 al 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde autoridades estatales y militares desmantelaron laboratorios clandestinos utilizados para producir drogas sintéticas. Al término del operativo, un convoy sufrió un accidente en un camino de terracería que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA. El hecho abrió cuestionamientos sobre la presencia de personal de inteligencia extranjero en México y las condiciones legales de su participación. Desde mayo, García Harfuch aclaró que las indagatorias no estaban dirigidas contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, sino que buscaban esclarecer la intervención de los agentes estadounidenses y determinar si hubo irregularidades o responsabilidades de los funcionarios involucrados.
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