Por Darío Pale
Xalapa, Ver.- Integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo y representantes jurídicos de ejidatarios de la Ampliación del Ejido de Ángeles R. Cavada solicitaron la intervención de autoridades estatales y de seguridad ante la tensión que existe por una disputa de aproximadamente 77 hectáreas de terreno.
Rafael Lindo Chagas, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, señaló que acudieron en representación de los ejidatarios para solicitar la intervención de la gobernadora de Veracruz, la Fiscalía General del Estado y las autoridades de seguridad, con el objetivo de evitar que el conflicto agrario derive en un enfrentamiento entre ejidatarios y colonos.
El asesor jurídico, Jesús Matías Molar, explicó que el conflicto se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998, identificado con el expediente 571/1998, relacionado con una superficie de 77 hectáreas disputada entre ejidatarios de dotación y de ampliación.
De acuerdo con el abogado, en 2002 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40 emitió una sentencia mediante la cual ordenó entregar la superficie a los integrantes de la ampliación. Posteriormente, al quedar firme la resolución, se ordenó realizar la entrega legal y material de los terrenos.
Sin embargo, sostuvo que con el paso de los años ingresaron personas a la superficie en disputa y se conformó un asentamiento identificado como colonia El Mesón. Según el representante legal, algunos habitantes cuentan con constancias de posesión que habrían sido expedidas por integrantes del comisariado ejidal.
Ante la falta de ejecución total de la sentencia, los ejidatarios de ampliación promovieron el juicio de amparo indirecto 220/2010 ante el Juzgado Tercero de Distrito. Molar señaló que la autoridad federal determinó que el Tribunal Agrario debía continuar con la ejecución de la resolución.
El representante legal explicó que, debido a la complejidad del caso, se vinculó a corporaciones de seguridad para brindar apoyo durante las diligencias. No obstante, afirmó que en distintos momentos elementos de seguridad no habrían acudido a los llamados judiciales bajo argumentos relacionados con la falta de personal.
Molar señaló que el 3 de diciembre de 2025 se realizó una ejecución parcial de la sentencia sobre aproximadamente 27 hectáreas, superficie que, según su versión, fue entregada a los ejidatarios de ampliación durante la diligencia correspondiente.
Posteriormente, afirmó, integrantes del grupo de ejidatarios de dotación volvieron a ocupar parte de la superficie, situación que derivó en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado. El abogado sostuvo que dichas investigaciones no han avanzado debido a la necesidad de contar con peritos especializados para determinar con precisión la ubicación y extensión de los terrenos.
Como parte del procedimiento federal, se ordenaron trabajos técnicos para identificar las superficies que permanecen pendientes de entregar. De acuerdo con los cálculos expuestos por los representantes de los ejidatarios de ampliación, serían alrededor de 50 hectáreas las que todavía se encuentran en disputa.
Para determinar la superficie, los ejidatarios presentaron pruebas periciales en materia de topografía y solicitaron una inspección judicial. Sin embargo, durante una diligencia realizada el pasado sábado, los trabajos de medición habrían sido interrumpidos por personas que se identificaron como colonos de la zona.
Según el abogado, los habitantes argumentaron contar con constancias de posesión y señalaron que no permitirían que se realizaran las mediciones. Molar agregó que también se habrían difundido mensajes en redes sociales para llamar a los habitantes a impedir los trabajos.
Los representantes de los ejidatarios de ampliación señalaron que cuentan con un acta de ejecución mediante la cual el Tribunal Agrario les entregó parcialmente la superficie, mientras que los colonos han presentado constancias de posesión emitidas por integrantes del comisariado ejidal.
Molar cuestionó que dichas constancias puedan prevalecer sobre una sentencia y un acta de ejecución emitidas dentro del procedimiento agrario. Desde su perspectiva, los integrantes del comisariado que permitieron la ocupación de los terrenos no tenían facultades para disponer de una superficie que ya había sido objeto de una resolución judicial.
Los representantes también denunciaron presuntas amenazas contra integrantes del grupo de ampliación y señalaron que algunas personas habrían advertido que podrían ser agredidas si ingresaban a los terrenos. Por ello, consideraron que existe riesgo de que la disputa escale a un enfrentamiento.
Rafael Lindo Chagas y Jesús Matías Molar hicieron un llamado a la gobernadora de Veracruz, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado para que intervengan, atiendan las denuncias y garanticen las condiciones de seguridad necesarias para continuar con las diligencias.
Molar recordó que, según su versión, en años anteriores ya se registró un hecho de violencia relacionado con el conflicto agrario en el que perdió la vida un representante agrario. Ante ello, insistió en la necesidad de atender la disputa por las vías legales y evitar una nueva confrontación.
Los representantes de los ejidatarios de ampliación señalaron que su principal petición es que se cumpla la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario y que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad durante las diligencias pendientes para determinar y entregar las superficies que correspondan.
Finalmente, hicieron un llamado a que el conflicto sea resuelto mediante las instancias agrarias y judiciales competentes, ante la preocupación de que la disputa por las 77 hectáreas pueda generar nuevos hechos de violencia entre los grupos involucrados.