Por Darío Pale
Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) requirió al director de Obras Públicas y al tesorero municipal del Ayuntamiento de Coatepec entregar información solicitada por la regidora sexta, Mariel López López, quien denunció presuntas omisiones y obstáculos para acceder a documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones.
La controversia fue presentada mediante dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados como TEV-JDC-444/2026 y TEV-JDC-445/2026, radicados en distintas ponencias del órgano jurisdiccional.
En el primer expediente, la edil señaló al director de Obras Públicas por negar por escrito información relacionada con obras, asunto turnado a la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. En tanto, el segundo caso involucra al tesorero municipal por la presunta omisión de responder solicitudes de información financiera, expediente a cargo del magistrado provisional Rodrigo Delgadillo Crivelli.
De acuerdo con los planteamientos, la falta de respuesta y la negativa de información podrían vulnerar el derecho de petición de la regidora, además de limitar sus atribuciones como integrante del Cabildo, particularmente en materia de vigilancia y fiscalización de recursos públicos, obras y contratos.
Ante ello, el TEV ordenó a los funcionarios señalados presentar un informe circunstanciado en un plazo de 24 horas, así como remitir la documentación correspondiente y justificar su actuación ante el órgano jurisdiccional.
Asimismo, se instruyó dar publicidad a los juicios mediante su publicación en estrados durante 72 horas, con el fin de notificar a posibles terceros interesados. También se les requirió señalar domicilio procesal en Xalapa o registrarse en el sistema electrónico del tribunal para recibir notificaciones.
El órgano electoral advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones conforme al artículo 374 del Código Electoral del Estado de Veracruz.
Será el propio Tribunal Electoral de Veracruz el que determine, con base en los informes y pruebas presentadas, si existió una vulneración a los derechos político-electorales de la regidora y, en su caso, las medidas correspondientes.