Por Darío Pale
Xalapa, Ver.- El cierre definitivo del Ingenio San Pedro podría generar una crisis económica en la región de Los Tuxtlas, advirtió Rafael Lindo Chagas, presidente nacional del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, quien solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y del Gobierno federal para buscar alternativas que permitan mantener la actividad productiva.
Durante una conferencia de prensa en Xalapa, el dirigente señaló que desde mayo se habían registrado versiones sobre la posible suspensión de operaciones de la factoría, por lo que organizaciones sociales solicitaron la instalación de mesas de negociación para evitar un impacto mayor entre productores, trabajadores y familias dependientes del sector azucarero.
El cierre fue confirmado este 5 de agosto por el Grupo Azucarero San Pedro, empresa que informó la conclusión de operaciones luego de señalar que las condiciones económicas de la fábrica y de la industria azucarera hicieron inviable continuar con la producción.
La compañía aseguró que realizará un cierre ordenado y que cumplirá con sus obligaciones laborales, pagos a productores de caña y compromisos con proveedores, conforme a los procedimientos establecidos y mediante los canales oficiales correspondientes.
De acuerdo con Rafael Lindo Chagas, la medida podría afectar directamente a más de siete mil productores que trabajan entre 45 mil y 48 mil hectáreas de caña en municipios como Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla.
El dirigente estimó que, al considerar obreros, cortadores, transportistas, comerciantes y familias relacionadas con la actividad azucarera, el impacto podría alcanzar entre 23 mil y 30 mil habitantes de la región, debido a que el ingenio representa uno de los principales motores económicos de Los Tuxtlas.
Ante este panorama, pidió al Gobierno estatal y federal establecer mecanismos de rescate para evitar el colapso de las comunidades cañeras. También solicitó revisar las causas financieras y administrativas que llevaron al cierre de la planta, al considerar necesario determinar si existieron responsabilidades.
Asimismo, alertó que la suspensión de actividades podría provocar desempleo, migración, disminución del comercio local e incremento de problemas sociales, al recordar las consecuencias económicas que generó anteriormente el cierre del Ingenio San Francisco.
Finalmente, llamó a productores, trabajadores, organizaciones cañeras y habitantes de la región a mantenerse unidos para exigir una solución institucional y evitar que el Ingenio San Pedro sea abandonado o desmantelado sin una respuesta clara para las familias afectadas.