Por Fanny Yépez
Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado de Veracruz aprobó una reforma constitucional al artículo 15 de la Constitución local que establece restricciones más severas para activar el proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo. En los hechos, se trata de “candados” que elevan significativamente los requisitos para poder llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana.
La reforma, avalada con 39 votos a favor por Morena y sus aliados —PVEM y PT—, impone condiciones más estrictas que las previstas a nivel federal. Entre los principales puntos destaca el aumento del número de firmas requeridas, así como criterios de dispersión territorial que, según la oposición, vuelven prácticamente inviable el ejercicio.
De acuerdo con el dictamen, se exige el respaldo del 10 % de la Lista Nominal de Electores, es decir, cerca de 750 mil firmas, muy por encima del 3 % requerido a nivel federal. Además, dichas firmas deberán provenir de al menos 107 de los 212 municipios del estado, con un mínimo del 3 % en cada uno de ellos. A esto se suma un periodo de recolección limitado a solo un mes.
Para partidos de oposición y analistas, estas condiciones representan un “blindaje” que busca garantizar la permanencia de la gobernadora Rocío Nahle, al elevar los obstáculos para cualquier intento de revocación.
La polémica escaló rápidamente hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. Ahí, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal revisará la reforma para determinar si estos requisitos limitan el derecho de participación ciudadana.
Acompañada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, la mandataria dejó en claro que el análisis se centrará en un punto clave: que los procedimientos sean viables y no se conviertan en una barrera para la ciudadanía.
El mensaje fue directo para el presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, y para la mayoría legislativa: los mecanismos de participación no deben simular apertura mientras en la práctica la restringen.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, comienza a tomar forma otro frente político: la renovación de las mesas directivas en el Congreso de la Unión. A menos de dos meses del inicio del próximo periodo ordinario, ya se perfilan nombres tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado.
En San Lázaro, donde la presidencia es rotativa entre las principales fuerzas políticas, el Partido Verde busca encabezar por primera vez la Mesa Directiva. Entre los nombres que suenan destaca el de Raúl Bolaños-Cacho Cué, respaldado por la dirigencia que encabeza Carlos Puente.
En el Senado, donde la presidencia corresponde a la mayoría, Morena mantiene el control y ahí aparece con fuerza el nombre de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien reconoció que ha sido mencionado como posible aspirante.
Fiel a su estilo, Huerta ha dicho que no está “casado con el cargo”, pero sí dispuesto a servir al movimiento. Su eventual llegada es bien vista por un amplio sector de simpatizantes en Veracruz, que reconocen su postura crítica y firme.
Otro nombre en la contienda es el de Óscar Cantón Zetina, cercano a Adán Augusto López, lo que anticipa una disputa interna interesante dentro del grupo parlamentario.
Así, mientras en Veracruz se debate el alcance real de la democracia participativa, en el ámbito federal se configuran los equilibrios políticos que marcarán el rumbo legislativo en los próximos meses. Dos escenarios distintos, pero conectados por un mismo hilo: el ejercicio del poder y la forma en que se decide quién lo controla… y quién puede cuestionarlo.