26 de mayo 2026, Veracruz.- El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Antonio Galicia Campos, denunció que cientos de trabajadores catalogados como “empleados temporales administrativos” o “trabajadores Z” han permanecido durante años sin seguridad social, prestaciones laborales ni reconocimiento sindical, pese a contar con décadas de servicio en distintas dependencias estatales.
En conferencia de prensa, el dirigente sindical afirmó que desde 2020 el sindicato emprendió una lucha jurídica contra la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir la aplicación de la clave sindical 135, lo que permitiría a los trabajadores acceder formalmente a sus derechos laborales y prestaciones.
Explicó que el pasado 20 de mayo de 2026 un Tribunal Federal sobreseyó el último amparo promovido por Sefiplan, al considerar que el asunto ya era cosa juzgada, por lo que ordenó ejecutar la aplicación de la clave sindical a los empleados afiliados al sindicato.
“Durante seis años hemos caminado con compañeros que han sido vulnerados en sus derechos. Hay trabajadores con 15, 20 y hasta 30 años de servicio que no tienen seguridad social ni prestaciones porque el gobierno argumentaba que no contaban con clave sindical”, señaló.
Galicia Campos recordó que desde noviembre de 2019 existía una minuta de acuerdos firmada entre funcionarios de Finanzas y representantes sindicales para aplicar dicha clave sindical a partir de la primera quincena de ese mes; sin embargo, el acuerdo nunca fue cumplido, lo que derivó en diversos juicios laborales y amparos.
Detalló que tras varios laudos emitidos en 2023, 2025 y 2026, así como dos amparos federales, el Tribunal determinó que la Secretaría de Finanzas no tiene facultades para seguir negando el reconocimiento sindical de estos trabajadores.
El dirigente sindical pidió públicamente a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, y al secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, acatar las resoluciones judiciales y garantizar el pago de prestaciones pendientes, así como la incorporación de los empleados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) con el reconocimiento total de su antigüedad.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Clarita, viuda de un trabajador de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), quien falleció tras un accidente laboral. Aunque el trabajador había ganado un laudo relacionado con su basificación y derechos laborales, la familia no ha recibido el seguro de vida ni las prestaciones correspondientes.
La afectada denunció que actualmente el IPE le reclama un adeudo de 500 mil pesos derivado de cuotas que la dependencia nunca pagó.
“Me descuentan y todavía me dicen que debo 500 mil pesos. Mi pensión es de apenas 2 mil 700 pesos mensuales”, relató.
Añadió que actualmente el sindicato representa más de 200 casos similares, aunque únicamente 38 trabajadores de la SIOP permanecen activos. Muchos de ellos, dijo, ya cuentan con laudos firmes que ordenan el pago de prestaciones y su incorporación a los sistemas de seguridad social.
Uno de los trabajadores presentes afirmó tener 34 años laborando para el gobierno estatal y más de una década sin acceso a seguridad social.
Asimismo, Galicia Campos acusó que continúan registrándose despidos injustificados de empleados con amplia trayectoria en dependencias estatales, particularmente en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde —aseguró— recientemente fue despedida una trabajadora con 19 años de servicio.
Respecto al monto de los adeudos, explicó que en el caso de los trabajadores de SIOP se estima un pasivo de entre 400 mil y 450 mil pesos por trabajador, mientras que el total aproximado asciende a 18 millones de pesos.
El líder sindical también cuestionó el destino de los recursos destinados al pago de laudos e indemnizaciones laborales. Recordó que durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez se presupuestaron alrededor de mil 200 millones de pesos para este rubro, mientras que actualmente el presupuesto contempla cerca de mil 600 millones de pesos.
Por Darío Pale
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