Xalapa, Ver.- La situación laboral en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) entró en un nuevo capítulo tras las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle, quien planteó una decisión contundente: los docentes deberán firmar contratos formales o abandonar la institución.
El anuncio pone en el centro una problemática histórica: durante años, la UPAV operó con docentes bajo la figura de “asesores solidarios”, un esquema que permitió el funcionamiento de la universidad con bajos costos, pero sin garantizar derechos laborales básicos.
Aunque la administración estatal plantea esta medida como un proceso de ordenamiento y legalidad, las condiciones han generado inconformidad. Los contratos propuestos serían de corta duración —alrededor de tres meses— y con posibles ajustes salariales a la baja.
Además, no se ha planteado el reconocimiento de la antigüedad ni compensaciones para quienes trabajaron durante años sin contrato, lo que ha sido señalado como una omisión relevante en el proceso de regularización.
El gobierno busca cerrar una etapa de irregularidades, pero la estrategia ha sido calificada como rígida por algunos sectores, al condicionar la permanencia laboral bajo un esquema de aceptación inmediata.
Así, la transformación de la UPAV abre una discusión de fondo: si se trata de una verdadera justicia laboral o de una reestructuración que mantiene la precariedad bajo nuevas condiciones.