30 de abril 2026, Xalapa, Ver.- Trabajadores jubilados de diversas empresas paraestatales, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Luz y Fuerza del Centro y Banobras, denunciaron la aplicación de descuentos a sus pensiones que consideran ilegales, arbitrarios y violatorios de la Constitución.
Durante una manifestación pacífica realizada en oficinas divisionales, los inconformes señalaron que el ajuste se basa en la limitación de sus ingresos al 50 por ciento del salario autorizado al Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que —afirman— contraviene derechos previamente adquiridos.
“Son derechos obtenidos y ya ganados ante la Secretaría del Trabajo, incluso como cosa juzgada. Hoy nos aplican la ley de forma retroactiva, lo cual vulnera el Estado de Derecho”, expresó uno de los jubilados.
Los afectados indicaron que este es el primer descuento reflejado en sus nóminas, mismo que calificaron como drástico y por debajo de lo establecido en el Diario Oficial de la Federación. Además, denunciaron falta de transparencia en los cálculos aplicados.
De acuerdo con los manifestantes, la medida viola el artículo 14 constitucional al aplicar disposiciones retroactivas en perjuicio de los trabajadores, además de afectar directamente su patrimonio y el de sus familias.
“No tenemos pensiones doradas. Somos trabajadores que cotizamos durante años. Este ingreso es nuestro sustento, y reducirlo de esta forma impacta gravemente nuestra economía, especialmente cuando muchos enfrentamos problemas de salud”, señalaron.
Uno de los denunciantes explicó que, por motivos de seguridad, evitan revelar montos específicos, luego de que en un caso reciente en Manzanillo, Colima, un jubilado fuera víctima de extorsión y homicidio tras la difusión de datos personales.
En cuanto a las acciones legales, confirmaron que promoverán amparos directos para exigir el respeto a sus derechos y la protección constitucional.
“Vamos a acudir a instancias legales para que se respeten nuestros derechos humanos y se garantice la legalidad de nuestras pensiones”, afirmaron.
Los jubilados también lamentaron la falta de atención por parte de autoridades, ya que aseguran que, pese a acudir en múltiples ocasiones, únicamente han recibido acuses de sus escritos sin respuesta formal.
Finalmente, advirtieron que esta situación no solo afecta a los trabajadores retirados, sino que podría tener implicaciones a nivel nacional.
“Cuando se viola el Estado de Derecho, aumenta el riesgo país. Eso encarece el financiamiento de obras públicas y afecta a toda la población. Se sienta un precedente peligroso para que mañana se vulneren los derechos de cualquier ciudadano”, concluyeron.
Por Darío Pale
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