Por Redacción
Xalapa, Ver.— Una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado y testimonios de personas afectadas revelan presuntas irregularidades atribuidas a Gerardo Velázquez Maravert, secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMEV), quien es señalado por supuestamente solicitar 400 mil pesos a cambio de una plaza administrativa.
De acuerdo con documentos obtenidos por este medio, la acusación fue ingresada hace un mes ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), incluso antes de que el líder sindical iniciara la toma de instalaciones de la dependencia, protesta que ha mantenido durante la última semana.
Según la relatoría entregada el 23 de febrero de 2026 a la titular del OIC, Dra. Magdiel Martínez Monge, la denunciante, Mariana de Dios Guevara, asegura que Velázquez Maravert le habría solicitado 400 mil pesos para otorgarle una plaza administrativa dentro de la SEV.
La mujer afirma que el 12 de enero de 2024 entregó 200 mil pesos en efectivo en una oficina del sindicato ubicada en la calle Primavera, en Xalapa. El presunto pago se habría realizado sin testigos ni registro documental.
Asegura que, pese al adelanto entregado, la plaza ofrecida nunca se concretó.
El caso surge en un momento en que el SIMEV mantiene bloqueadas las instalaciones de la SEV, alegando presuntas irregularidades laborales dentro de la dependencia. Sin embargo, testimonios recabados indican que, en la administración actual, encabezada por la secretaria Claudia Tello Espinosa, la asignación de plazas se realiza mediante procesos supervisados y transparentes, limitando la discrecionalidad que existía en años anteriores.
Por ello, versiones señalan que la protesta podría estar relacionada con la presión generada por la denuncia interpuesta ante el OIC, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
La SEV ha informado que permitirá que los órganos correspondientes lleven a cabo su trabajo y que no intervendrá fuera de los canales institucionales.
Hasta ahora no se ha definido la situación legal del dirigente sindical, mientras que la Fiscalía analiza la denuncia por presunto fraude y posibles actos de corrupción.