17 de marzo de 2026. CDMX.- Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el proyecto inicia su ruta legislativa en la Cámara de Senadores. La estrategia está diseñada para atacar directamente los gastos operativos que Sheinbaum considera excesivos en los niveles locales y federales. Según la presidenta, el objetivo final es que los ahorros derivados de esta compactación administrativa no regresen a la Federación, sino que se inyecten directamente en obras públicas para los municipios, tales como pavimentación y servicios básicos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, profundizó en los ejes que sostienen esta propuesta. La funcionaria destacó que la iniciativa eleva a rango legal el principio de que nadie puede percibir un salario superior al de la titular del Ejecutivo Federal. Bajo la consigna de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, Rodríguez señaló que el Plan B es una herramienta para profundizar la democracia participativa mientras se eliminan los privilegios económicos de la clase política en el ejercicio de la función pública.
Uno de los cambios más drásticos se concentra en la estructura de los ayuntamientos. La reforma plantea una reducción significativa en el número de regidurías, estableciendo un rango que va desde un mínimo de siete hasta un máximo de quince integrantes, dependiendo del tamaño del municipio. Además, se propone la unificación de la representación legal con una sola sindicatura por demarcación, lo que simplificaría la estructura administrativa y reduciría la carga de nómina en los gobiernos locales de todo el país.
En cuanto a la soberanía presupuestaria de las entidades, la reforma introduce un candado financiero sin precedentes. Los congresos locales deberán ajustar sus gastos operativos a un tope máximo del 0.7 por ciento del presupuesto total de egresos de su respectivo estado. A nivel federal, la Cámara de Senadores no quedará exenta, ya que se contempla un esquema de reducción de gasto progresivo que deberá alcanzar un recorte del 15 por ciento, obligando a una reingeniería administrativa en la Cámara Alta.
La propuesta también redefine los procesos de democracia directa y la transparencia de los partidos. La revocación de mandato se establece para el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gestión, buscando coincidir con procesos electorales para optimizar costos. Por último, se endurece la fiscalización de los institutos políticos, los cuales estarán obligados a reportar todas sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado, eliminando la opacidad en el manejo de sus recursos.