Luego del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos, avanzan los acuerdos para desaparecer al Instituto Nacional de Migración (INM) y crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.
Fue hace unos días que el padre Alejandro Solalinde, párroco defensor de los migrantes, lo dio a conocer y más tarde fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta iniciativa que se prevé sea un proyecto transexenal tiene tres ejes rectores: cambiar estaciones migratorias actuales, renovar al actual personal y que las decisiones se tomen de manera colegiada, a fin de pasar de un esquema de seguridad a uno de derechos humanos.
Incluso se pretende que los embajadores y cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador formen parte y decidan cómo se trata a sus connacionales en nuestro país.
Finalmente, organizaciones civiles, activistas y redes defensoras de derechos humanos de México y El Salvador han exigido la destitución de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, lo que es casi un hecho, aunque López Obrador ha pedido que se concluyan las investigaciones para tomar una determinación.