Por Fanny Yépez
Xalapa, Ver., 23 de septiembre de 2026.- El desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales de Veracruz se mantiene como un tema central en la agenda pública y ya escaló al ámbito nacional. Durante la conferencia matutina de este martes, se confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente de investigación de oficio contra Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar en la entidad.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que la indagatoria se desarrolla bajo dos vertientes principales: posibles actos de corrupción y el desabasto de medicamentos, insumos quirúrgicos y material de curación en unidades médicas del estado. De manera paralela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, a realizar una revisión integral del desempeño administrativo del funcionario.
Este proceso ocurre en medio de una crisis visible en el sistema de salud estatal, marcada por protestas de personal médico, señalamientos públicos y quejas formales por la falta de insumos. Aunque el Gobierno de Veracruz ha sostenido que no existe una emergencia generalizada, organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos han documentado inconformidades en municipios como Xalapa y Río Blanco.
Ante la presión, el gobierno estatal anunció la creación de un fondo emergente de mil millones de pesos para la compra directa de medicamentos, como medida para atender el desabasto. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia dependerá de su implementación y de la coordinación con el sistema federal IMSS-Bienestar.
El problema, no obstante, rebasa el ámbito local. A nivel nacional, el sector farmacéutico ha advertido sobre adeudos acumulados por parte del gobierno federal que superan los 110 mil millones de pesos, lo que ha impactado la cadena de suministro. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos ha insistido en la necesidad de regularizar pagos y garantizar condiciones equitativas en los procesos de adquisición.
En este contexto, la compra consolidada de medicamentos —estrategia central del gobierno federal— enfrenta cuestionamientos sobre su ejecución. Si bien busca eficiencia y mejores precios, persisten dudas sobre los mecanismos de distribución y la llegada efectiva de insumos a hospitales y centros de salud.
La investigación en curso y la revisión administrativa colocan a la coordinación estatal del IMSS-Bienestar en una etapa clave. Más allá de responsabilidades individuales, el caso refleja un problema estructural en el sistema de salud que requiere respuestas integrales, transparencia en los procesos y resultados medibles para la población.
Lo que está en juego no es únicamente la permanencia de un funcionario, sino la capacidad institucional para garantizar el acceso a medicamentos y servicios médicos en condiciones adecuadas. En un sistema donde cada falla impacta directamente en la atención de pacientes, la exigencia de soluciones no puede postergarse.