Por Redacción
21 de septiembre 2026, Xalapa, Ver.- Habitantes de comunidades de los municipios de Jalacingo y Altotonga se movilizaron este lunes para exigir la clausura de un pozo utilizado para actividades agrícolas en la zona de Santa Ana, al asegurar que su explotación está afectando manantiales que abastecen de agua a numerosas localidades de la región.
Los pobladores sostienen que el aprovechamiento carecería de autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que, pese a que anteriormente habría sido clausurado, volvió a ser utilizado.
Entre los habitantes que expusieron públicamente la problemática se encuentran Mario Aburto Canela, originario de la comunidad Las Delicias, municipio de Jalacingo, y Epifmenio Samuel Rojas, procedente de Puerto de Casahuapan, en Altotonga.
Ambos advirtieron que el problema trasciende a una sola localidad debido a la conexión que existe entre los nacimientos de agua de esta zona serrana.
“Lo que nosotros queremos es que lo clausuren, porque este pozo está perjudicando los manantiales que surgen de varias comunidades”, declaró Aburto Canela.
Calculan alrededor de 5 mil personas afectadas
Aburto Canela estimó que la problemática podría involucrar a alrededor de 5 mil habitantes, aunque la cifra no ha sido confirmada mediante un padrón oficial.
Durante la protesta, los pobladores mencionaron numerosas localidades que, aseguran, dependen directa o indirectamente de los nacimientos de agua de la zona.
Entre ellas citaron Santa Ana, Las Delicias, Puerto de Casahuapan, Capulalpan, Chamílico, Hueyapan, Tepepan, Tetzahuapa, Arroyo Chico, Mixquiapan, Tecomulapa, Ocotepec, Teacalco y otras comunidades.
Algunos nombres aparecen con variaciones en la grabación debido a la pronunciación y calidad del audio, por lo que deberán ser cotejados con la nomenclatura oficial de localidades antes de atribuirles una afectación específica.
Denuncian que el caudal comenzó a disminuir
Una de las principales acusaciones es que la extracción del pozo estaría disminuyendo la cantidad de agua disponible en los manantiales ubicados aguas abajo.
“Han bajado los niveles”, afirmó Aburto Canela.
Epifmenio Samuel Rojas coincidió en que los habitantes han observado una disminución en la disponibilidad del líquido a partir de la explotación de los pozos.
De acuerdo con los inconformes, existe un nacimiento en la zona de Santa Ana que identificaron durante la entrevista como “Miscamolonia” —nombre que se reproduce de acuerdo con su pronunciación y que no pudo corroborarse en fuentes cartográficas públicas consultadas—, además de otros manantiales en comunidades como Capulalpan y la zona de Casahuapan.
Los pobladores consideran que la extracción de agua subterránea para riego agrícola estaría repercutiendo en esos nacimientos.
Otros participantes ofrecieron un panorama más concreto de las dificultades que, aseguran, ya enfrentan en sus viviendas.
Una de las manifestantes afirmó que en su comunidad el suministro programado puede llegar cada ocho días durante un periodo aproximado de tres horas, pero que en determinados domicilios el flujo efectivo se reduce incluso a cinco o diez minutos.
“Ya no nos llega”, reclamó otra habitante.
Aseguran que perforaron un segundo pozo sin permiso
Mario Aburto sostuvo que la problemática no comenzó recientemente.
Según su testimonio, desde hace cuatro o cinco años existen inconformidades por la utilización del agua en esa zona.
El punto que habría detonado la protesta actual fue, según explicó, la perforación de otro pozo.
“Perforó otro pozo clandestinamente, sin permiso”, acusó.
Los inconformes señalaron que ya existía un aprovechamiento en operación y que posteriormente se perforó un segundo dentro de la misma área.
Aburto afirmó que la propia Conagua les habría informado que el nuevo pozo no cuenta con autorización, aunque no mostró durante la entrevista el expediente, resolución o acta administrativa correspondiente.
Una mujer participante aseguró que el pozo ya había sido cerrado anteriormente, pero posteriormente volvió a operar.
“Ya lo habían clausurado y otra vez están tomando de esa agua”, denunció.
Señalan a productor de apellido Orozco
Los manifestantes atribuyeron el aprovechamiento a un productor agrícola del que únicamente dijeron conocer el apellido Orozco.
No proporcionaron nombre completo y la búsqueda en fuentes públicas no permitió identificar con certeza a la persona señalada, por lo que no resulta posible atribuirle directamente una conducta irregular sin mayor documentación.
Según Aburto Canela, el productor cultiva principalmente papa, brócoli y otras hortalizas en terrenos ubicados en Santa Ana.
Calculó que una de las superficies podría tener aproximadamente 10 hectáreas, además de otros terrenos ubicados en la parte superior.
Temen contaminación por pesticidas
La segunda preocupación de las comunidades es la calidad del agua.
Los habitantes aseguran que en los cultivos se utilizan pesticidas, fumigantes y otros productos agrícolas para combatir plagas y temen que estos compuestos alcancen el agua que posteriormente utilizan las comunidades.
“En primera, contaminación; y después, disminución de los manantiales que están hacia abajo”, resumió Aburto.
Una mujer participante expresó la misma preocupación al explicar que el agua extraída se destina al riego y que, desde su perspectiva, el empleo de productos químicos puede terminar afectando los nacimientos de los que ellos se abastecen.
Dos reclamos diferentes: cantidad y calidad del agua
La inconformidad de las comunidades se concentra así en dos posibles afectaciones.
La primera es cuantitativa: aseguran que la extracción para riego disminuye el volumen que posteriormente emerge en los manantiales.
La segunda es cualitativa: temen que la actividad agrícola y el uso de pesticidas puedan contaminar las fuentes destinadas al consumo humano.
Conagua sí tiene atribuciones para inspeccionar aprovechamientos
Uno de los pobladores afirmó que habían acudido ante la Comisión Nacional del Agua y que ahí les habrían indicado que “no pueden hacer nada”.
Sin embargo, en términos generales, Conagua sí posee facultades federales para inspeccionar aprovechamientos de aguas nacionales y aplicar medidas cuando detecta extracciones irregulares.
La propia Comisión ha informado durante 2026 de operativos de inspección y clausura de pozos sin título de concesión. En Oaxaca, por ejemplo, reportó en junio 329 visitas de inspección y la clausura de 66 pozos desde octubre de 2024 como parte de una estrategia de ordenamiento de concesiones y combate a aprovechamientos ilegales.
Piden intervención de autoridades estatales
Los pobladores explicaron que decidieron movilizarse debido a que las gestiones realizadas hasta ahora no habrían producido una solución definitiva.
Su objetivo es conseguir la intervención de las autoridades para que se revise la documentación del aprovechamiento, se determine si efectivamente carece de autorización y, de confirmarse una irregularidad, se proceda conforme a la ley.
El conflicto ocurre además en un contexto en el que diferentes regiones de Veracruz enfrentan presión sobre sus fuentes de abastecimiento. En la zona de Altotonga y Perote se han documentado durante 2026 inconformidades distintas por insuficiencia de agua; habitantes de Tepozoteco, en Altotonga, por ejemplo, han denunciado problemas prolongados de suministro relacionados con la capacidad del pozo que los abastece.
Para los habitantes de Jalacingo y Altotonga, la exigencia inmediata es clara: que las autoridades federales y estatales verifiquen la legalidad del pozo de Santa Ana, midan su impacto sobre los manantiales, analicen la calidad del agua y determinen si procede mantenerlo en funcionamiento o clausurarlo.
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