Por Fanny Yépez
Se siguen acumulando agresiones, secuestros y asesinatos contra periodistas en Veracruz, mientras la labor de la CEAPP se limita, según diversas voces del gremio, a emitir comunicados que no tienen efecto real en la protección de comunicadores.
Lamentablemente, el estado de Veracruz continúa siendo una de las entidades más peligrosas del país para ejercer el periodismo, con casos recientes como el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital y el asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez en Poza Rica. El gremio enfrenta desapariciones, violencia física, ataques letales y un incremento de agresiones digitales y amenazas.
El panorama de riesgo es grave. Las principales formas de violencia contra periodistas en la entidad incluyen homicidios, desapariciones y atentados directos contra comunicadores de nota roja y portales informativos locales, en muchos casos vinculados a amenazas previas por su labor.
De igual forma, se registra intimidación digital constante, mediante llamadas, mensajes y campañas de hostigamiento destinadas a censurar publicaciones relacionadas con seguridad y política.
También se presentan agresiones físicas y patrimoniales durante coberturas periodísticas, así como daños a equipos de trabajo y, en algunos casos, allanamientos a domicilios.
Pese a las denuncias constantes, persisten deficiencias en las carpetas de investigación y una falta de protección efectiva, lo que ha generado un alto nivel de impunidad.
Ante este panorama surge la pregunta: ¿la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) realmente protege a los comunicadores en Veracruz?
Diversas organizaciones civiles han señalado que, aunque la CEAPP promueve medidas de prevención, su capacidad de respuesta es limitada. Análisis como los de Artículo 19 han documentado que una parte importante de su presupuesto se destina a gastos operativos y nómina, dejando un margen reducido para la protección directa de periodistas.
Otra de las críticas recurrentes es la falta de autonomía, ya que diversos actores del gremio señalan que sus decisiones responden a equilibrios políticos, lo que limita su independencia frente al gobierno en turno.
A pesar de las medidas de protección implementadas, la violencia y la impunidad persisten. Veracruz es históricamente uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 30 asesinatos y múltiples desapariciones en las últimas dos décadas, además de niveles de impunidad superiores al 90 por ciento, de acuerdo con organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Las fallas en las fiscalías también son señaladas como un factor clave, ya que las carpetas de investigación suelen estar mal integradas o se estancan, lo que desalienta las denuncias y permite que las agresiones escalen.
Finalmente, en muchos casos se ha denunciado la revictimización de periodistas, ya sea mediante filtraciones o intentos de desacreditar su labor, lo que agrava aún más la situación del gremio en la entidad.