Bajo una política pública transversal sustentada en la honestidad y austeridad, que obliga la rendición de cuentas por parte de los funcionarios, la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, informó a la Comisión Permanente de Hacienda de la LXV Legislatura los resultados de este primer año de Gobierno.

Por primera vez en la administración estatal, fueron evaluados los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales que realizaron auditorías a los entes fiscalizables para el Ejercicio 2018, con la finalidad de contar con una base o antecedente de dichos órganos.

Asimismo, se dio seguimiento a la declaración de situación patrimonial y de interés de 22 mil 351 servidores públicos, lo que permite prevenir omisiones, inconsistencias e incluso algún presunto enriquecimiento ilícito.

La dependencia promovió 43 evoluciones patrimoniales y 135 análisis del Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial y de Intereses de personas servidoras y exservidoras públicas, a efecto de verificar y detectar posibles anomalías.

Con relación al pasivo que el Gobierno del Estado tiene con proveedores y contratistas, los Órganos Internos de Control emitieron los dictámenes de verificación de la procedencia de los adeudos solicitados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Durante el presente ejercicio, la CGE aplicó acciones con enfoques preventivo y correctivo mediante fiscalización a la comprobación del gasto y la correcta aplicación de los recursos, entre las cuales destacan 48 auditorías al Poder Ejecutivo, distribuidas en 19 integrales, 27 específicas y dos de obra pública, determinando 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que han sido solventadas 63 y 65, representando el 45.5 y 35.4% respectivamente.

En cumplimiento del Acuerdo de Coordinación celebrado con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y trabajar en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se evaluaron 918 incidencias derivadas de la inspección de la SFP al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET), de las cuales corresponden 260 a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios.

En el ámbito de transparencia al ejercicio del gasto público, registramos 20 mil 471 operaciones de acuerdo con su modalidad de contratación, priorizando a las empresas veracruzanas, las cuales representan el 92 por ciento en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles.

De igual manera, a través del Comité de Obra Pública, se aplica el esquema de compras consolidadas y se implementó un programa de ahorro en las dependencias, realizándose 308 procedimientos de asignación, arrojando un 98% a empresas veracruzanas.

En este primer año, la Contraloría aplicó 458 evaluaciones de tipo financiero y programático presupuestal, resultando 319 inconsistencias y 51 recomendaciones, y efectuando también un total de 571 acciones preventivas, de verificación, control y evaluación.

Los Órganos Internos de Control presentaron los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando 177 inconsistencias. También se registraron 270 recomendaciones, describiendo posibles mejoras o áreas de oportunidad para no reincidir en la irregularidad, y 92 faltas administrativas, quedando 11 pendientes de atender.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) programó 29 revisiones a la Cuenta Pública 2018, de las cuales, considerando la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, realizada el pasado 31 de octubre, ha concluido 19 auditorías y 10 se encuentran en proceso; mientras que en colaboración con la SFP se programaron 16 revisiones a fondos y programas federalizados, determinando ejecutar 8 conjuntas y 8 directas.

A la fecha, la CGE cuenta con 786 comités de Contraloría Ciudadana y 486 de Contraloría Social, que testifican lo relativo al recurso estatal y federal, respectivamente, tendientes a transparentar la eficiente y correcta aplicación de los recursos.

La Contraloría General, a fin de prevenir omisiones o actos de corrupción dentro de los Procedimientos Disciplinarios, radicó 165 expedientes y emitió 318 resoluciones correspondientes a 109 inexistencias de responsabilidad administrativa, 173 sanciones y 36 sobreseimientos.

En lo que se refiere a procedimientos administrativos iniciados contra exservidores públicos de la administración 2011-2016, la Dirección Jurídica de la CGE registra antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), que emitió en septiembre del año en curso sentencias a dos exfuncionarios, a los que los inhabilitó para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y tres años, respectivamente.

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