24 de marzo de 2026. CDMX.- En su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que las recientes resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el retiro de autorizaciones para recibir donativos deducibles no pasan por su escritorio. Al ser cuestionada sobre organizaciones específicas que han perdido este beneficio, la mandataria aseguró que se trata de evaluaciones estrictamente fiscales y administrativas que la autoridad tributaria realiza de manera autónoma.
“Yo no ordeno al SAT porque no es una decisión política, son decisiones técnicas”, puntualizó Sheinbaum, subrayando que el Ejecutivo no interviene en estas auditorías. Explicó que el criterio fundamental para mantener el estatus de donataria autorizada es el cumplimiento de la normativa fiscal vigente, la cual prohíbe o restringe ciertas fuentes de financiamiento o el uso de los recursos para fines distintos a los autorizados.
El caso de MCCI y el financiamiento externo
Durante la sesión, la presidenta hizo referencia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que perdió su registro como donataria tras revisiones iniciadas en la administración anterior. Según Sheinbaum:
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Argumento Fiscal: El SAT detectó la recepción de recursos provenientes del extranjero, lo que contraviene los lineamientos para mantener el beneficio de deducibilidad en ciertos esquemas.
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Proceso Interno: La decisión fue resultado de un análisis técnico sobre el origen y destino del capital, sin que mediara una instrucción política directa.
Esta fiscalización ocurre en un momento de alta actividad para la seguridad en México, donde la FGR investiga delitos ambientales y ataques armados en el sureste. La mandataria reiteró que desconoce el número total de organizaciones afectadas este año, pero insistió en que el SAT opera bajo criterios de transparencia técnica para evitar el uso indebido de figuras fiscales.
Mientras la Conagua monitorea el Frente Frío 42 y el sector salud alerta sobre los riesgos de los ultraprocesados, el debate sobre el financiamiento de las organizaciones civiles se traslada al terreno de la legalidad tributaria, donde las ONG deberán demostrar el cumplimiento de sus obligaciones para recuperar o mantener sus beneficios fiscales en este 2026.