La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las reformas a una Norma Oficial (NOM), que obliga a todos los hospitales públicos del país a interrumpir los embarazos producto de una violación.
Para dicha interrupción, basta la palabra de la mujer; no es necesario que la víctima denuncie el hecho ante la autoridad ministerial.
Ocho de los 11 ministros votaron en contra del proyecto del ministro, Mario Pardo Rebolledo, que pedía echar atrás la reforma.
Los ministros que hicieron la mayoría advirtieron que con esta resolución, se debe enviar un menaje muy claro de que el Tribunal Constitucional protege los derechos de las mujeres.
La norma fue impugnada por los gobiernos de Baja California y Aguascalientes, bajo los argumentos de que el Congreso de la Unión invadió atribuciones de las autoridades estatales.