Expertos afirman que el ‘plan B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la aprobación de la reforma electoral sería anticonstitucional, ya que estarían realizando modificaciones a la ley.
AMLO dio a conocer el día de ayer en su conferencia de prensa el ‘’plan B’’ que tiene resguardado en caso de que la reforma electoral no sea aprobada en el Senado, cuya intención es enviar al Congreso de la Unión un segundo análisis, que se trata de una reforma a la ley que permitiría su promulgación con una mayoría simple.
Entre una de las posturas en contra de esta iniciativa se encuentra la del expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.
“Deja ver que el Presidente no tuvo ni ha tenido experiencia legislativa y que no tiene conocimiento preciso sobre el orden jerárquico de nuestras leyes porque, efectivamente, las leyes secundarias, que son las que se aprueban por mayoría simple, regulan y precisan los elementos que contiene la Constitución, o sea, que ninguna ley secundaria puede ser contraria a lo que dice la Constitución’’.
“Y, si por algún error el Poder Legislativo aprueba una ley que sea contraria a la Constitución, hay mecanismo de controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo analice”.
El cuestionamiento sucede luego de la monstruosa manifestación convocada por Frente Cívico Nacional llevada a cabo el domingo en diferentes estados de la República, en protestas que llegaron hasta el extranjero, y ante una respuesta positiva que derribó todos los pronósticos de la iniciativa en debate.
La reforma que plantea López Obrador busca una reestructuración de fondo en el sistema electoral, principalmente en el cambio del Instituto Nacional Electoral por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), ello conllevaría a la eliminación de los 32 institutos electorales locales (OPLE), cuyas funciones de regular las votaciones en cada entidad serían suplidas en su totalidad por el INEC. Además, la inactiva demolería a los tribuales electorales locales, responsables de resolver controversias electorales, proteger e impartir los derechos en esta materia.