Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), no descartó que exautoridades municipales que no solventaron irregularidades de las cuentas públicas de 2018 y 2019 podrían ser detenidos.
Y es que tras las revisiones, se presentaron, al menos, 41 denuncias por un presunto daño patrimonial de 650 millones de pesos, pese a que este organismo capacitó a los funcionarios municipales previo al cierre de administración, así como en lo referente a los procesos de entrega-recepción.
La auditora indicó que luego de las observaciones hechas se reveló que fueron varios los municipios que incurrieron en irregularidades e incluso se detectó falsificación de documentos.