Por Arturo Reyes Isidoro
19 de febrero 2026, Xalapa, Ver.- El martes, al entregar el informe consolidado de los resultados de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un posible daño al erario por 65,169 millones de pesos durante el último año de gestión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo al informe, se habían detectado irregularidades por más de 67,174 millones 717,000 pesos, pero se lograron recuperar cerca de 2,005 millones 619,000 pesos.
El mayor número de irregularidades detectadas corresponden al gasto realizado por los estados (incluido Veracruz) en áreas como salud, educación e infraestructura. Corre ahora un término de 40 días para que los funcionarios responsables solventen (aclaren, justifiquen) las observaciones que se les hicieron, luego la ASF tendrá otros 30 días para revisar y darse por satisfecha o inconformarse, que si lo hace dará otros 40 días más a los observados para que intenten quedar limpios, aunque si no lo hicieron durante todo 2025 se ve difícil que lo hagan en solo 80 días.
Por lo pronto, y en tanto no se solvente a satisfacción, la administración de López Obrador carga una sombra de desvío de recursos que podía ser constitutivo de delitos. Sin embargo, en su conferencia mañanera del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum no salió a tratar de justificar al expresidente y menos a decir que funcionarios de su gobierno y de la administración anterior han estado solventando, y todavía menos a acusar que la ASF no revisó todo.
Veracruz, el estado con mayor monto observado
De acuerdo al informe, Veracruz es el estado con mayor monto observado por 1,896 millones de pesos durante el último año de la gestión de Cuitláhuac García Jiménez, sobre todo de participaciones federales dedicadas al rubro de salud y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Corren los mismos plazos que los de los exfuncionarios federales para solventar, pero, ¡epa!, en este caso, en forma sorpresiva, la gobernadora Rocío Nahle salió la mañana del mismo miércoles a tratar de justificar al exgobernador, a decir que ya se solventaron las observaciones que le hicieron a su administración y a acusar a la ASF de no revisar “todo” y “a fondo”.
Se entiende que quiso decir que Cuitláhuac está limpio y es toda una blanca paloma. En una declaración de radio dijo que entre agosto y diciembre del año pasado personal de su administración y exfuncionarios acudieron a entregar documentación “para solventar temas de
2024. “Yo ya hablé y dije: tienen que revisar los documentos, todos, porque no los revisó la Auditoría Superior de la Federación, no los revisó todos. Los enlaces que tenemos de Veracruz allá estuvieron metidos, tanto del exgobernador Cuitláhuac García como mi enlace”;.
Se quejó con Javier Herrera, pero no era el indicado
Recordó que la ASF es un ente de la Cámara de Diputados y que quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría es el diputado veracruzano Javier Herrera Borunda, a quien le dio su queja, quien, según ella, le respondió que le comentaría al auditor David Colmenares, de manera que logró que se revisara algo más, pero falta. Negó que haya daño patrimonial y redujo todo a observaciones. Resulta muy extraña su declaración porque en primer lugar quienes tienen que solventar son los exfuncionarios cuitlahuistas y no sus colaboradores, ya que no tienen alguna responsabilidad. ¿O por qué no salió a defenderse el propio Cuitláhuac?
En todo caso, ella lo que puede hacer es facilitarle a los secretarios y directores anteriores el acceso a los archivos de las dependencias para
que revisen la documentación y saquen pruebas que los puedan justificar. Luego, por lo que dijo, ignora que la Auditoría es un ente autónomo en el que no tiene ninguna injerencia el diputado Herrera Borunda, pues él como presidente de la Comisión de Vigilancia solo coordina la relación entre la Cámara de Diputados y la ASF y, eso sí también, evalúa la autonomía técnica de la Auditoría para una correcta fiscalización.
En cambio, la que sí tiene vela en el entierro es la Dirección General de Control Interno y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que se encarga de vigilar, auditar y evaluar el desempeño de la ASF. Su función principal es asegurar que el personal de la Auditoría cumpla con las normas legales, políticas y procedimientos de fiscalización, proponiendo sanciones si se detectan irregularidades o responsabilidad administrativa, o sea, la señora tocó en la puerta equivocada.
¿Qué protege? En cambio, Sheinbaum no salió a dar la cara por AMLO
¿Por qué entonces la presidenta Sheinbaum no con respecto a AMLO y ella sí en lo que tiene que ver con Cuitláhuac? ¿Algún interés personal? ¿Le pidió López Obrador que lo proteja a toda costa? ¿Trata de evitar un escándalo si se confirma el desvío de recursos, lo que le impactaría negativamente a Morena estando en la antevíspera de la elección de diputados federales y locales en 2027, de cuyo resultado ella será la responsable? Por lo que dijo la señora, sus funcionarios, en lugar de estar atendiendo sus responsabilidades y dando respuestas y solución a los problemas de los veracruzanos, que es para lo que se les paga, han estado distraídos solventando irregularidades del gobierno de Cuitláhuac, lo que explica los pocos resultados que se tienen hasta ahora.
Hasta octubre pasado, no aparecían 1,078 millones de la Secretaría de Salud
Sobre la Cuenta Pública de 2024, cuya observación ya terminó, en el segundo de tres informes (hasta octubre pasado), la ASF había observado ya 1,078 millones de pesos de presunto daño patrimonial en la Secretaría de Salud por la contratación de servicios para la red hospitalaria en el estado, así como por el pago de nómina, Recursos del Gasto Federalizado transferidos al estado para ser ejercidos en materia de salud. Entonces se observó que la Secretaría, cuya operación administrativa la llevaba Jorge Eduardo Sisniega, debía justificar el gasto de 90 de cada 100 pesos observados.
También se observó el pago de nómina y la retención de impuestos y pagos de seguridad social que no fueron transferidos al SAT o a instituciones como el ISSSTE, así como la creación de 160 cuentas bancarias a las que se enviaron recursos de varios fondos, una operación similar a la que hizo Javier Duarte de Ochoa y que se conoce como la “licuadora”.
No pueden haber solventado cuando Sisniega huyó al extranjero
La duda cabe sobre lo que dijo la gobernadora de que ya solventaron pues su propia administración interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por daño patrimonial en la Secretaría de Salud, en especial contra quien fue el administrador, Jorge Eduardo
Sisniega, quien es tan culpable que desde el año pasado huyó al extranjero y es localizable solo para algunos familiares suyos, luego del cambio constante de teléfonos e interconexiones para evitar que lo ubiquen.
Hasta donde el columnista tiene información, Sisniega se siente desesperado en su escondite, quiere regresar al país y al estado, por lo que a través de intermediarios le han propuesto que devuelva lo que robó o que diga quién o quiénes fueron los que robaron, pero se niega a devolver un solo peso o a hablar. Lógicamente, él no pudo haberse presentado en la ASF a solventar el gran boquete que dejó, por lo que la responsabilidad del gobierno de Cuitláhuac es tan cierta como que el libro de Julio Scherer destroza la imagen de López Obrador.
En lo inmediato, queda abierta la disputa por comprobar quién dice la verdad, ¿la gobernadora?, ¿la ASF? En los días por venir seguramente se irán conociendo detalles de lo observado y de lo solventado. Por lo pronto, hasta en tanto no se aclare plenamente el asunto, el gobierno de Cuitláhuac está en la picota de la sospecha de haberle metido la mano al cajón. A propósito de los therians, ¿ratón o blanca paloma?, ¿usted que cree?