El origen de la conmemoración del Día del Trabajo surge en el año de 1886, cuando miles de trabajadores en la ciudad de Chigago, Illinois en los Estados Unidos decidieron agruparse para exigir una jornada laboral de ocho horas, mejoría en los salarios, derecho a la huelga, a la libertad de expresión y asociación. Los fallecidos y detenidos en el incidente fueron identificados como los “Mártires de Chicago”.

Fue en el año de 1913, que en México se celebró por primera vez el Día del Trabajo, veinte mil obreros marcharon y exigieron al gobierno la implementación de jornadas de trabajo de ocho horas, siendo presidente Victoriano Huerta. En 1923 (diez años después) Álvaro Obregón, promulgó el Primero de Mayo como Día del Trabajo en México, sin embargo, hasta 1925, el presidente Plutarco Elías Calles, estableció oficialmente la fecha.

Finalmente, los derechos de los trabajadores quedaron establecidos en nuestra  Constitución, en el artículo 123, incluyendo jornadas laborales de ocho horas, derecho de asociación, días de descanso, salarios justos, entre otros.

En relación a este día debemos puntualizar el tema de la igualdad laboral entre las mujeres y los hombres.

En el inicio de la lucha obrera, la participación de las mujeres en el mundo no era notable, no teníamos ni siquiera el derecho al voto y el desempeño laboral femenino se concentraba en trabajo doméstico e informal, sin regulación alguna.

Los organismos internacionales se ocupan de la brecha laboral de género, la Organización Internacional del Trabajo, fue fundada en 1919 y casi un siglo después reconoció que la participación de la mujer en el ámbito laboral ha aumentado, así como sus derechos laborales.

Dándole importancia a este tema, la OIT promueve la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan a un trabajo decente, esto es, a un trabajo bien remunerado, productivo y realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana; para esto implementa Programas de Trabajo Decente por país. (PTDP).

En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2017 (ENOE), dio a conocer que la distribución de la población de 15 años y más muestra que 43.1 millones son hombres, de los cuales casi ocho de cada diez son económicamente activos, y 48.0 millones son mujeres, de las cuales, cuatro de cada diez son económicamente activas.

Las cifras sobre los ingresos que recibe la población ocupada muestran que, a partir de los dos salarios mínimos, a medida que el nivel del ingreso aumenta, el porcentaje de mujeres es menor, comparado con el de los hombres.

El que un mayor porcentaje de mujeres no reciba ingresos monetarios por su trabajo y el que sea menor el porcentaje de mujeres empleadoras, son reflejo de problemas de género. En términos generales, en el primer caso, las mujeres, las mujeres tienden en mayor medida a aceptar empleos en malas condiciones o poco calificados (informales, medio tiempo, sin pago en empresas familiares, etc.) debido entre otros factores, a una pobreza de tiempo o a una menor experiencia laboral.

Las cifras no mienten, la participación laboral de la mujer ha mejorado. No obstante aún se debe lograr en algunas fuentes de empleo, un salario igual al que recibe el hombre en las mismas condiciones de desempeño laboral.

Aún sigue siendo excesiva la presencia de mujeres en la economía informal y en puestos mal remunerados, como la agricultura, el trabajo asistencial y el trabajo en el hogar. En la economía formal, el número de mujeres a nivel de dirección general y las cúpulas ejecutivas sigue siendo bajo, a pesar de haber mujeres preparadas de excelencia profesional.

Las mujeres y los hombres tienen que seguir gozando del derecho del uso de las Estancias Infantiles para el cuidado de sus hijas e hijos, en beneficio de la economía familiar y del país.

Recientemente, como un logro histórico para el avance de los derechos políticos y laborales de las mujeres en todo el país,  fueron aprobadas en comisiones del Senado de la República, la reforma de varios artículos de la Constitución General de la República, incluyendo el principio de paridad de género en las candidaturas electorales, los nombramientos en las Secretarías de Estado, a nivel Federal y de los Estados, en el Poder Judicial de la Federación y de los Estados, Ayuntamientos y en la integración de los Organismos Autónomos.

Obtener la igualdad laboral debe ser un objetivo prioritario de mujeres y hombres, y así lograr un mejor México para nuestros hijos y nosotras mismas.

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