24 de marzo de 2026. CDMX.- En la conferencia matutina de este martes, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, presentó formalmente el proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio. El objetivo primordial es eliminar las lagunas legales que permiten interpretaciones variadas según la entidad federativa, homogeneizando las categorías de razones de género y las agravantes para asegurar que ningún feminicidio quede impune por cuestiones técnicas o falta de protocolos locales.
El proyecto, enviado hoy al Senado, propone una reforma constitucional que faculte la expedición de esta ley general. Entre los cambios más drásticos se encuentra la propuesta de una pena de 40 a 70 años de prisión, así como la identificación de 21 agravantes específicas. Godoy enfatizó que el feminicidio no debe verse solo como un delito aislado, sino como una violación estructural a los derechos humanos que exige una respuesta coordinada de todas las fiscalías del país.
Homologación de criterios y razones de género
La iniciativa busca que en todo el territorio nacional se reconozcan nueve razones de género fundamentales para tipificar el delito, incluyendo:
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Signos de violencia sexual y mutilaciones.
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Prejuicios y estereotipos de género.
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Relaciones de poder y subordinación.
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Antecedentes de violencia intrafamiliar o laboral.
Esta propuesta surge en un momento donde la seguridad en México se ve desafiada por casos desgarradores, como el reciente feminicidio infantil del pequeño Eitan en Ciudad Juárez, que ha reavivado la exigencia de penas más severas y protocolos de investigación más humanos. La homologación de protocolos busca que, desde el primer respondiente hasta el perito, se actúe con perspectiva de género, evitando la revictimización que a menudo ocurre en los procesos judiciales actuales.
Mientras la Conagua vigila los efectos del Frente Frío 42 y el sector salud analiza el impacto de los ultraprocesados en la fertilidad, el Poder Legislativo tendrá la tarea de debatir esta ley que promete ser un “carpetazo” a la impunidad sistémica. De aprobarse, México contaría con un marco jurídico único que permitiría una persecución del delito más eficiente, sin importar en qué estado ocurra la agresión.