El tribunal de La Haya sentenció al gobierno gobierno mexicano de ser culpable, tras aparentemente violar los derechos humanos por el asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, su hijo Misael López y su esposa Agustina Solana, ocurridos el 29 de junio del 2011.
Marcela Turatti, parte del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, dio a conocer que se presentaron pruebas suficientes para determinar que las autoridades y organismos del gobierno mexicano actuaron de manera omisa, irresponsable y encubriendo el crimen del periodista y su familia.
También señaló que dicho crimen fue uno de los primeros ataques cometidos contra los periodistas y que a partir de ahí se desató una ola de violencia en contra de comunicadores a lo largo del país, y que sigue sin tener fin, en el que se cuentan 156 asesinatos entre el 2000 y el 2022.
La sentencia emitida en La Haya, resultado de tres audiencias, una de ellas celebrada en CDMX, en donde se desahogaron pruebas y escucharon a testigos. La sentencia contempla una serie de recomendaciones que el Estado Mexicano debe cumplir para garantizar que este tipo de hecho no se repitan.
Sin embargo, se trata de una sentencia que no es vinculante ya que no es obligación del gobierno acatarla, aunque de su manejo dependerá la postura que asuma frente a este tipo de hechos y violaciones donde se exhibió impunidad, negligencia y corrupción de autoridades.
La sentencia incluye 20 recomendaciones, entre las que se incluye terminar con la impunidad y se cese con la complicidad y participación de los organismos gubernamentales, así como de autoridades públicas en el acoso, persecución y asesinato de periodistas.
“Que se emprendan acciones judiciales contra todas las personas que se sospeche que sean autores, y no sólo contra los sicarios, sino contra quienes ordenaron las agresiones y las redes políticas, económicas o criminales que las apoyaron”, indica la jueza que participó en el caso.
Otra de las recomendaciones ordena implementar medidas adecuadas para proteger a los periodistas y a las organizaciones de comunicación independientes de ataques contra la libertad de expresión; en el caso de existir futuros crímenes en contra de reporteros, que se construya la investigación a partir del desarrollo de su profesión.