Por Carlos Gabriel Chávez Reyes
05 de enero de 2025.- La madrugada del sábado, no solamente se registró la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores a través de una operación de la Fuerza Delta y ataques aéreos en Caracas, sino que también se evidencia el establecimiento de una doctrina en la cual el concepto de soberanía es prescindible frente al interés geopolítico.
Bajo la narrativa de “liberación”, Estados Unidos ha llevado a cabo una intervención militar directa que, irónicamente, menoscaba los principios básicos del derecho internacional que dice proteger. La idea de “libertad” que se emplea para justificar esta operación muestra una contradicción inherente: se busca “liberar” a un país mediante el bombardeo de su capital y la violación de sus fronteras. Desde el punto de vista sociopolítico, esto no es libertad, sino más bien disciplinamiento. En el discurso intervencionista, la libertad se transforma en una mercancía que una potencia foránea gestiona y concede a su antojo, lo cual extingue la capacidad política del pueblo venezolano.
La La intervención militar respalda el concepto de que América Latina continúa siendo un “patio trasero” en la que la autonomía es tolerada solamente si está en consonancia con los intereses del hegemón del norte. Este Hecho nos fuerza a analizar la retórica de la libertad y a interrogar, con urgencia política y social, quién ostenta una posición criminal del que Donald Trump ha estado hablando tanto en los últimos meses. Por ejemplo, el exmandatario y actual presidente de EE.UU. UU. ha edificado su capital político durante mucho tiempo al calificar a los migrantes y a quienes piden asilo como “criminales” e “invasores”, empleando una deshumanización sistemática para legitimar deportaciones, muros y otras cosas. De la misma manera que se les etiqueta a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) con el argumento de que sustancias como la cocaína y el fentanilo son “armas de destrucción masiva” dirigidas contra la población estadounidense.
Esto solo son circunstancias que están escondiendo una hipocresía estructural: la de trasladar la responsabilidad de su crisis sanitaria hacia el sur global y transformar un asunto interno de salud en una amenaza militar externa. Mientras criminaliza al narcotráfico como terrorismo, Estados Unidos continúa siendo el principal suministrador del arsenal. El 70 y el 90% de los armamentos utilizados por estos “terroristas” tienen su origen en el mercado civil de Estados Unidos.En otras palabras, Estados Unidos arma a su enemigo y luego promete destruirlo invadiendo al vecino.
No obstante, a pesar de esa realidad, al calificar a Maduro como “narcoterrorista” (una designación que combina el crimen común con la amenaza política), y aunque yo no cuestiono ni defendiendo explícita ni implícitamente el extenso e histórico sistema político venezolano que se reprueba por sí mismo, Estados Unidos no hace nada bueno al asumir el papel de juez o jurado mundial.
La detención de Maduro se fundamenta en la combinación de dos ideas: Estado y crimen, nuevamente. Al calificar al gobierno venezolano como una estructura narcoterrorista, Estados Unidos confunde la diferencia entre desmantelar una agrupación delictiva y derrocar a un gobierno. Esto establece un inquietante precedente en la región: cualquier gobierno que no colabore puede ser catalogado como una “amenaza criminal” para justificar su expulsión por la fuerza, eludiendo así todas las normas diplomáticas de la ONU.
Si admitimos que el objetivo (la captura de un líder cuestionado) legitima los métodos (el uso unilateral de la fuerza militar y la violación de la soberanía y los derechos internacionales), entonces hemos asumido que el único delito en este mundo es no contar con el poder militar bastante para determinar qué es la ley. Hoy en día, la etiqueta de “criminal” está peligrosamente presente, con la posibilidad de ser asignada tanto al captor como al capturado.
Finalmente, si rascamos la fachada retórica sobre la “libertad” y los “derechos humanos” que EE. UU ha utilizado para argumentar la toma de Maduro y el bombardeo de Caracas, con el objetivo de alcanzar la justicia y la paz, nos topamos con el antiguo aparato del interés imperial. La historia de las intervenciones estadounidenses en América Latina, debido a que se ha alineado con los oleoductos, las minas y los monocultivos más que con la filantropía democrática, es rara vez coincidente con esta última. No es casualidad que la intervención tenga lugar en el país con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta. Tal vez, al final, se bombardea en nombre de la libertad para establecer estructuras de suministro y perpetuar potencialmente el aseguramiento de que la riqueza fluya del sur al norte, lo cual siempre hay que condenar nosotros como latinoamericanos.