Por Rafael Andrés Schleske Coutiño
Hablar de justicia social puede sonar complicado, pero en realidad se trata de algo muy simple: que todas las personas tengan las mismas oportunidades para vivir con dignidad. Que no importe si naciste en la ciudad o en una comunidad rural, si hablas español o una lengua originaria, si tienes estudios o no. Justicia social es que nadie se quede atrás solo por el lugar en el que nació o por la historia que le tocó vivir.
Cuando hablamos de justicia, muchas veces pensamos solo en jueces, leyes y tribunales. Pero la justicia verdadera empieza antes, mucho antes. Empieza cuando una persona puede ejercer sus derechos, participar en las decisiones que afectan su vida, elegir con libertad y, sobre todo, ser escuchada. Ahí es donde el Derecho Electoral tiene un papel fundamental.
El Derecho Electoral no es solo cosa de abogados o expertos. Es el conjunto de reglas que nos permite elegir a quienes nos representan y resolver los desacuerdos sin violencia. Es lo que hace que una boleta de papel pese más que un grito o una amenaza. Es lo que protege el voto de cada persona como si fuera un tesoro, porque lo es.
En esta columna quiero hablar de eso: de cómo la justicia social y el Derecho Electoral se cruzan todos los días en la vida de la gente. De cómo las leyes deben estar al servicio de las personas, y no al revés. De cómo el acceso a la justicia no debe depender del código postal, del apellido o del nivel de estudios.
Esta será una serie de entregas en las que compartiré ideas, historias y reflexiones sobre cómo podemos construir una democracia más justa, más cercana, más humana. Porque si el Derecho no ayuda a que la vida sea mejor para todas y todos, entonces no está cumpliendo su función.
Nos leemos pronto.