Por Redacción
20 de diciembre de 2025.Zongolica,Ver.- La noche de este viernes trascendió la detención de Bernardino Tzanahua Anastacio, actual Delegado Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Zongolica, ex presidente municipal de San Juan Texhuacan y esposo de la actual alcaldesa de ese municipio, María Regina Calixto Tello
De acuerdo con información extraoficial, el funcionario fue asegurado inicialmente por elementos de la Guardia Nacional y posteriormente por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de protagonizar un accidente vehicular al chocar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mientras conducía una camioneta Suzuki Jimny en presunto estado de ebriedad.
El percance ocurrió frente a una base de la Guardia Nacional, a la altura de La Quinta, sobre la carretera Zongolica–Mixtla de Altamirano. Durante la revisión del vehículo y del conductor, a Bernardino Tzanahua Anastacio se le cayó un arma de fuego, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.
Al solicitarle los oficiales los permisos correspondientes para la portación del arma, el delegado no pudo acreditarlos y, además, debido a su presunto estado etílico, adoptó una actitud prepotente, intentando intimidar a los elementos del orden. Según los reportes, el funcionario habría alegado ser un personaje de “alto nivel y poder político”, mencionando supuestas relaciones cercanas con el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, el exsecretario de la SEV y actual diputado federal Zenyazen Escobar García, el secretario del Trabajo Luis Arturo Santiago Martínez y el dirigente estatal de Morena Esteban Ramírez Zepeta.
Ante estos hechos —la conducción en estado de ebriedad, el choque contra infraestructura de la CFE y la presunta portación ilegal de arma de fuego—, los elementos de seguridad procedieron a trasladarlo y ponerlo a disposición de la Delegación XVI, con sede en Nogales.
Asimismo, se solicitó la intervención de la Fiscalía, que será la instancia encargada de determinar su situación jurídica, por los delitos que pudieran configurarse, entre ellos portación ilegal de arma de fuego, daños a infraestructura federal y lo que resulte conforme a derecho.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o educativa ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.